En menos de setenta y dos horas, dos episodios distintos dejaron una misma pregunta flotando sobre la región, ¿queda algo del decoro diplomático cuando un presidente está en modo campaña?
El sábado Javier Milei viajó a Brasil para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro y calificó a Lula da Silva de “ladrón” y “presidiario”. Como respuesta, el Partido de los Trabajadores lo acusó de faltar el respeto a las instituciones brasileñas y la Cancillería brasileña llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires como primer gesto de enfriamiento diplomático. Un día antes, Lula había generado su propio incendio con Paraguay durante una exposición en defensa del gasto militar de su país, afirmando que Paraguay invadió Brasil en el marco del conflicto de la Guerra de la Triple Alianza. La reacción paraguaya fue transversal con legisladores, historiadores y ex cancilleres cuestionando la liviandad con la que el líder brasileño se refirió a la mayor tragedia de su historia.
Dos episodios distintos, uno mediante un insulto personal y otro con una relectura histórica usada como argumento de gasto de defensa, utilizaron un mismo mecanismo de fondo que privilegia sacrificar un vínculo bilateral para usufructuar en una campaña electoral. Aunque las dinámicas son diferentes, ambos casos muestran un problema común dado que una vez encendida la polémica, ningún líder tiene demasiados incentivos para bajar el tono.
En teoría de relaciones internacionales, el concepto de “costos de audiencia” propuesto por James Fearon, ayuda a entender por qué estos cruces no se apagan fácilmente. La idea es simple, una vez que un líder se pronuncia en público de forma dura, retroceder le sale caro frente a su propia gente porque parece debilidad. Eso empuja a sostener la escalada en lugar de bajarla, aunque el cálculo diplomático diga lo contrario. Milei no puede matizar el “ladrón” sin quedar como blando ante su base; Lula, en plena campaña por la reelección, tampoco va a salir a pedir disculpas por una frase que le sirvió para hablar de rearme frente a un público militar. El costo de bajar el tono lo pagan puertas adentro, pero el costo de sostenerlo lo paga la relación bilateral.
Más allá de cada episodio puntual, que de por sí es grave, el riesgo no es solo el cortocircuito bilateral de una semana, sino el desgaste acumulativo de la confianza que sostiene la integración regional. El Mercosur ya arrastra tensiones comerciales y de agenda, cada exabrupto presidencial le resta margen a las cancillerías que terminan administrando crisis en lugar de construir acuerdos. En el caso de Argentina, el efecto es doblemente concreto con un embajador llamado a consulta, lo cual implica el primer paso formal de un enfriamiento que puede afectar agenda comercial, cooperación y coordinación en foros regionales. En el caso paraguayo, el costo es distinto pero no menor, siendo que el uso instrumental de una herida histórica sensible como argumento de campaña ajeno erosiona la sensación de que la región comparte una lectura mínima común del pasado. Cuando la política exterior se subordina al calendario electoral, los vecinos dejan de ser socios para convertirse en escenografía de un discurso pensado para las urnas de otro país.
La pregunta de fondo es quién pone el freno. Probablemente, solo el costo político y económico que cada Gobierno esté dispuesto a asumir cuando la campaña termine y haya que volver a sentarse en la misma mesa. Mientras tanto, la confianza regional queda a merced del calendario electoral de cualquiera de sus miembros.
