Paraguay cuenta con incentivos tributarios para promover las inversiones, pero todavía requiere de una estrategia coordinada de desarrollo industrial.
El debate internacional sobre la política industrial ha cambiado. Durante décadas predominó el escepticismo acerca de la intervención del Estado para promover determinadas actividades económicas. Hoy la discusión ya no pasa por decidir si el Estado debe promover el desarrollo industrial, sino por cómo construir las instituciones capaces de hacerlo bien.
Un reciente reporte del Banco Mundial define que “la política industrial es una acción gubernamental destinada a impulsar una actividad empresarial estratégica”. Además, se señala que existe evidencia de que los subsidios a la producción pueden contribuir al crecimiento de determinadas actividades industriales, cuando están bien diseñados y corrigen fallas de mercado que impiden desarrollar actividades con beneficios para el conjunto de la economía.
En esa línea, la actualización de los regímenes de promoción de inversiones, maquila y bienes de alta tecnología representan un avance importante. Más que modificar los incentivos tributarios, las nuevas leyes mejoran el diseño de estos instrumentos, incorporando mecanismos de seguimiento de los proyectos y la posibilidad de una orientación estratégica. Sin embargo, todavía falta un esquema institucional para evaluar sistemáticamente el impacto de estas políticas.
El sector industrial manufacturero representa cerca del 19% del producto interno bruto (PIB) y emplea al 11% de los trabajadores ocupados. En cuanto al grado de desarrollo, el Atlas de Complejidad Económica de Harvard muestra que la mayor parte de las exportaciones todavía corresponde a productos primarios y manufacturas de baja complejidad.
Justamente, con la idea de promover inversiones en industrias que adopten nuevas tecnologías, generen empleos y exportaciones, el Estado renuncia a recaudar ciertos impuestos. Esa renuncia representa un monto cercano al 1,3% del PIB, lo que se conoce como gasto tributario y, desde el punto de vista económico, equivale a un subsidio implícito, cuyo impacto corresponde evaluar periódicamente.
Este esfuerzo público debería concentrarse en un conjunto reducido de apuestas estratégicas. McKinsey propone ampliar las cadenas de valor en los alimentos procesados, muebles de madera y textiles. Mientras que el Atlas Complejidad Económica de Harvard sugiere avanzar hacia actividades manufactureras, particularmente en maquinaria industrial y equipos eléctricos.
Pero para que los incentivos generen un mayor desarrollo industrial, todavía falta una estrategia que coordine los distintos instrumentos de las políticas públicas orientadas a promover inversiones. La política industrial debe articularse con las políticas de formación del capital humano, infraestructura, energía, financiamiento, entre otros.
Al respecto, persisten desafíos en materia de financiamiento, ya que los proyectos industriales requieren créditos de largo plazo, con tasas de interés y plazos acordes con sus horizontes de inversión. Actualmente, los préstamos del sistema financiero destinados al sector industrial representan apenas el 4,5% del PIB, equivalente a cerca del 9% del crédito total.
La credibilidad institucional constituye también un incentivo a la inversión. La discusión y modificaciones recientes sobre las condiciones tarifarias para las industrias electrointensivas puso de manifiesto que el desafío no consiste solo en ofrecer incentivos, sino también en preservar las reglas de juego. Más allá de las posiciones puntuales sobre algún proyecto específico, esta situación afecta la previsibilidad que requieren las inversiones.
En definitiva, una política industrial moderna no se mide solo por los incentivos que ofrece, sino por la calidad de su gobernanza, su capacidad de coordinar los instrumentos, evaluar resultados y sostener reglas estables que den confianza a los inversores.
