La esperanza es que no haya más desperdicios. Estamos ante la palanca final para ver si se impulsa el desarrollo con rentas hidroenergáticas desde la binacional. Prometen que habrá un incremento importante de 650 millones de dólares por año, por tres años, que vendrán a reforzar las debilitadas finanzas del Paraguay. En total serían del 2024 al 2026 algo así como 1.950 millones de dólares que entrarán al país. Delante de esto hay cinco cuestiones por analizar.
Tarifa artificial. En primer lugar, una pregunta: ¿Cuáles son las rentas hidroenergéticas que se crearon a favor del Paraguay, y del Brasil, por fuera del Tratado? Respuesta: El mismo dice que la tarifa debe ser igual, estrictamente, al costo de producir energía. Subir la tarifa muy por encima del costo de producir energía desnaturaliza el tratado para crear plata artificial por encima de lo firmado originalmente por Brasil y Paraguay.
Esto es algo arbitrario, aunque tengan potestad para ello. Siendo así, los cónyuges que son dueños del activo binacional se dan el lujo de otorgarse mutuamente un regalo de luna de miel antes del divorcio. Este caramelo es solo por tres años, privilegio hidro-escatológico. Luego, todo queda como dice el tratado: La tarifa será igual al costo de explotación de la represa que genera energía, ya sin los servicios de la deuda que están extinguidos. Eso daría cerca de 10 dólares kwh y cada parte debe comprar y pagar toda su parte, cada una la mitad de lo que produce la represa.
El acuerdo, le llamo de última vez, dejó la tarifa en 19,28 dólares kwh. Ergo, esos 9,28 dólares de sobreprecio multiplicados por la cantidad de energía facturada en un año, en promedio 156.620.000 kwh, suman alrededor de 1.300 millones de dólares por sobre el costo total de explotación y sus etcéteras: 1. royalties, 2. utilidades y 3. resarcimientos al capital. Este monto dividido entre los dos países da un cociente de alrededor de 650 millones de dólares.
En el 2023 el Paraguay recibió de Itaipú un total de 535 millones de dólares, incluyendo 1.2. y 3., más las compensaciones por cesión de energía al Brasil. Hubo versiones que decían que para saber cuál es la ventaja neta real del acuerdo actual habría que sumar a los 535 otros 460 millones de dólares por Gastos Socioambientales que Itaipú invirtió en el país. Siendo así, se debe tomar 535 + 460 = 995 millones de dólares ingresados al Paraguay desde Itaipú en el 2023.
Consideraban que en el cuadro financiero del 2023 de la Entidad Binacional aparecen 921 millones de dólares contabilizados en este concepto. Así el beneficio adicional sería solo algo alrededor de 200 millones de dólares. No mueve la aguja. Esos 921 millones se muestran entre los Gastos de Explotación en los estados financieros con tarifa a 16,71 USD del 2023. Por tanto, no es un beneficio específico por suba de tarifa 2024. Le llaman Gastos Socioambientales que deben seguir dentro de los Gastos de Explotación en los próximos años; por cuerdas separadas a los 650 millones de dólares adicionales. Si eso no ocurre, hemos cambiado 6 por media docena. Ojo.
En consecuencia, creyéndole a Peña sus 650, lo cierto y concreto es que lo que Paraguay recibirá por año, en los próximos tres años, serían en millones de dólares alrededor de: 280 por royalties, 265 por Cesión de Energía, 53 por Utilidades de Capital y, lo nuevo, 650 que llaman Inversión Social. Total, 1.250 millones de dólares año. Pero, repito, siempre y cuando no desaparezcan de los Gastos Sociambientales los 460 millones preexistentes a tarifa 16,71 USD.
Tenemos hoy una tarifa artificial a 19,28 USD que sirve para que los socios del negocio se divorcien en el 2027 y cada uno siga su camino retirando lo que le corresponde. Es la última vez que se podrá exprimir las tetas de la binacional en forma artificial. Si ahora no se invierte en el desarrollo humano todo será en vano. La historia se va a repetir. Más de 3.000 millones de dólares ya vinieron al Paraguay desde la binacional luego del acuerdo Lugo-Lula que inyectó más de 300 millones de dólares adicionales año, subiendo las compensaciones por cesión de energía. La política lo dilapidó. Hoy ya no sabemos bien de esa plata y cómo se la gasta.
Versiones y narrativas . En segundo lugar, hay que desmitificar la narrativa política del discurso oficial al anunciar lo negociado. Peña exageró atribuyendo al reciente acuerdo unos 1.250 millones de dólares como resultado. No dijo que más de 530 millones ya eran algo habitual. Una especie de fake news presidencial para quien haga un chequeo de hechos. Ergo, sacando la exageración del heroísmo político, lo adicional real es 650 millones de dólares.
En tercer lugar, se tienen varios análisis de costos de oportunidad, beneficio versus costo de lo negociado. Se consideran oportunidades geopolíticas y jurídicas. Mercedes Canese propone incluso revivir la deuda espuria, cierta y verdadera, considerando que Itaipú entregó energía a una tarifa por debajo del costo en el siglo pasado, endeudando a la binacional y compartiendo esta deuda con el socio menor. Pero dejemos para otro momento.
Dónde invertir la plata. En cuarto lugar, hay que considerar el futuro. En qué se va a usar la plata adicional. Los 650 millones de dólares son insuficientes para tantas necesidades acuciantes. El país comenzó el año con déficit fiscal del 4,1 %, la ineficiencia 2023 en la recaudación de impuestos disminuyó la presión tributaria, las protestas se suceden a diario, hasta los ministros le dijeron al presidente la semana pasada que no ejecutan porque no hay plata. Salud y educación se caen a pedazos.
El presidente en su presentación del acuerdo enumeró un rosario de urgencias y no creo que la nueva plata alcance para todo: Mejorar la alimentación de los niños; centros de promoción de la salud; tres grandes hospitales; infraestructura vial; seguridad; transporte público; infraestructura energética. El presidente no dijo que lo único que será obligarorio es el imperativo de usar parte de los 650 millones de cada año, que deben ir a la ANDE, para compensar la suba de tarifa de Itaipú y evitar que se incremente la cuenta de luz a sus usuarios. Lo que tampoco dijo, ni va a decir, es que será inevitable que la plata se desvíe para la financiación de las municipales ANR 2026, y para la campaña presidencial 2028. Siempre acontece en elecciones que las binacionales trabajan para el oficialismo.
Algunos dicen que la plata adicional debe pasar por el PGN para que no se robe. Poniendo como ejemplo a los nepobabies Carlos Fernandez V. le confesó a Luis Bareiro que la ejecución desde el Estado central no garantiza transparencia y no evita la corrupción. Abdicó de su rol de controlador estricto de la plata pública. Estela Ruiz Díaz arguyó ante el ministro que si entra en el PGN por lo menos se sabrá en qué se usó la plata y si hay corrupción es más fácil pillar. Las ejecuciones de Itaipú son opacas. El ministro propuso entonces constituir un fondo fiduciario para administrar la plata. Esto puede servir: 1. como fondo soberano para aplicar en el mercado financiero y ganar renta, solo la renta se reinvierte; 2. para que el Estado contratista se aparte de las licitaciones, todo lo hace el patrimonio autónomo; 3. para modelos mixtos 1. y 2.
Conclusión. En quinto y último lugar, mi propuesta. La plata de Itaipú se trae, se mira, pero no se toca. Exceptuando lo que podría ir a la Ande para mitigar la tarifa al consumidor y un monto importante para cambiar cables y transformadores para los próximos veranos, mi sugerencia es llevar todo a un fondo fiduciario que pueda capitalizar el BNF hasta convertirlo en el banco de desarrollo del Paraguay. El BNDES que tiene Brasil. Por cada dólar que se inyecte al banco nacional como capital se puede emitir deuda en una relación 10 a 1, de largo plazo, en el mercado financiero internacional. Ejemplo, 350 millones de dólares por año de Itaipú al BNF puede generar, via emisión de bonos en el mercado internacional, recursos para créditos en el Paraguay por 3.500 millones de dólares año, a plazos largos y tasas concesionales. Con eso se puede financiar el desarrollo nacional prestando a empresas paraguayas para las APPs que mitiguen el déficit infraestructural a cargo del MOPC, hoy ya sin espacio fiscal para seguir invirtiendo. Se puede incluir las redes de transmisión y distribución de la Ande hechas por el sector privado financiado por el BNF.
Es más seria la gobernanza corporativa del sistema financiero antes que el Estado contratista lleno de corrupción, al cual nadie le pone límites. Y, además, se puede prestar al sector privado para ampliar fábricas y comercios a largo plazo para, con la inversión, ampliar el empleo con previsión social, que motoriza el consumo interno, fundamental para hacer crecer el producto con calidad de vida para la gente. La expansión exclusiva de la exportación es insuficiente. Tenemos una última chance con Itaiú. Si dejamos que la política destruya esta gran oportunidad, como dije al comienzo, sonamos. Saludos cordiales.
