CIUDAD DEL ESTE
La remuneración total que perciben los integrantes de la Junta Municipal de esta ciudad registró un incremento sostenido del 69% en los últimos seis años, reavivando el debate sobre la efectividad de la función fiscalizadora que deben ejercer sobre la administración del Ejecutivo comunal. El gran salto se da durante la administración del ex intendente Miguel Prieto.
De acuerdo con un relevamiento de datos expuesto por la ex senadora Georgia Nani Arrúa –ex jefa de campaña del intendente Miguel Prieto– y la ex asesora municipal Magdalena Montiel, los ingresos de los legisladores distritales pasaron de G. 16.299.299 mensuales en el año 2018 a un proyectado de G. 27,5 millones para el ejercicio 2025. La diferencia nominal representa un incremento de más de G. 11 millones al mes por cada edil.
El análisis cronológico muestra que el ajuste no se produjo de manera uniforme. El primer salto sustancial ocurrió entre 2018, correspondiente a la administración de Sandra McLeod de Zacarías y el periodo 2019-2022 –en plena crisis sanitaria por la pandemia del covid-19–, cuando la asignación mensual trepó a G. 21,5 millones, correspondiente a la administración de Miguel Prieto. Posteriormente, en 2023, la cifra escaló a G. 24,8 millones, hasta alcanzar los G. 27,5 millones proyectados para 2025.
Sin embargo, el monto total recibido por cada edil asciende a unos G. 30,5 millones mensuales al incorporar los diversos beneficios adicionales, sin incluir el aguinaldo anual.
La estructura presupuestaria se desglosa en una dieta base de G. 15 millones, sumada a G. 8 millones en concepto de bonificaciones, G. 4,5 millones asignados a gastos de representación y G. 3 millones, a rubros de combustible.
Al respecto, Arrúa y Montiel argumentaron que la discusión no debe restringirse únicamente a la dieta nominal, sino al conjunto de pagos que reciben los miembros del colegiado. Sostienen que al agregar estos adicionales se termina sobrepasando el tope remunerativo establecido en la Ley Orgánica Municipal.
Más allá del aspecto presupuestario, la controversia apunta a si la contraprestación económica guarda relación con el rol constitucional de la Junta Municipal de auditar las decisiones del intendente.
Para citar la falta de control, Arrúa citó la reciente aprobación de un llamado licitatorio por casi G. 19.000 millones para la provisión de CAP 50/70 (insumo para la planta asfáltica municipal) adjudicado a la firma Compañía de Petróleo y Asfalto S.A. (Compasa), con vigencia para los años 2026 y 2027. “¿Quién controló este gasto? De 11 concejales presentes, ninguno se opuso, solo hubo una abstención. El resto, entre ellos representantes de Yo Creo y del Partido Colorado que hoy se vuelven a candidatar, ¡levantaron la mano sin cuestionar y aprobaron!”, cuestionó la ex parlamentaria.
Campaña. La dirigente advirtió sobre el riesgo de autorizar grandes erogaciones en un contexto preelectoral. “Estamos hablando de una compra millonaria, en un sistema casi imposible de controlar; es un dinero que se va a repartir. Y todo esto en plena campaña electoral, cuando la ciudad tiene mil necesidades reales de infraestructura sin resolver y una deuda que crece sin parar”. Arrúa enfatizó la importancia de la representación comunal en los próximos comicios. “Por eso insisto: elegir bien a nuestros concejales no es un detalle menor. Un concejal no está para aplaudir ni para levantar la mano cuando le dicen. Está para controlar, para preguntar, para cuidar cada guaraní que sale del bolsillo del contribuyente. Ciudad del Este necesita ediles que fiscalicen de verdad, no que firmen en blanco”, concluyó.
