Eran víctimas de una trama que empezaba con préstamos de asociaciones de docentes en acuerdo con usureros que disfrazaban la especulación con la venta de electrodomésticos, lo que terminaba en juicios ejecutivos por pagarés impagos. Muchas demandas eran realizadas en sitios alejados del domicilio de la maestra, con cédulas de notificación llamadas “voladoras” que la dejaban en estado de indefensión, por no tener la capacidad económica para contratar un abogado. Los montos, inicialmente pequeños, se cuadruplicaban al sumarse al capital los intereses punitorios, los gastos judiciales y los honorarios profesionales.
La ministra juntó varios casos con el mismo modus operandi y recurrió a la Justicia. Encontró en la fiscala Teresa Sosa el apoyo que necesitaba para desmontar el abuso. El ministro que la sucedió, Enrique Riera, pudo reglamentar el relacionamiento de las asociaciones con el Ministerio para el descuento de salarios, firmar un convenio con el Banco Nacional de Fomento y ejercer cierto control sobre las casas de préstamos. Pero el solitario esfuerzo de la fiscala Sosa no fue acompañado por otras instituciones y el sistema gansteril simplemente cambió de nicho de mercado. En 2015 eran los gremios de profesionales del derecho del Alto Paraná los que denunciaban esquemas similares que afectaban a funcionarios públicos, empleados de comercio y jubilados.
Desde entonces, ese diseño de estafa se repite en todo el país. Básicamente consiste en la no devolución a los clientes de pagarés ya cancelados y su venta a estudios jurídicos que los presentan en Juzgados de Paz para su ejecución. En general, los afectados recién se enteran del feroz lío judicial cuando la demanda ya está iniciada.
Aquí aparece el ujier notificador, un personaje aparentemente poco relevante de la estructura judicial, pero indispensable para este modelo de fraude. El ujier sinvergüenza nunca encuentra al demandado; el juicio prosigue sin una de las partes; los jueces emiten sentencias sin valorar las pruebas; el domicilio del deudor queda a 200 kilómetros del Juzgado y los abogados mafiosos juegan en una cancha libre.
Esta cadena de complicidad incluye a gente elegante y de alta alcurnia del mundo judicial y empresarial, a prósperos estudios de abogados, jueces y funcionarios de Juzgados de Paz. El dinero se reparte equitativamente y deja contentos a todos. Centenares de afectados quedan llorando su mala suerte y sin posibilidades de lograr justicia. Porque las víctimas tienen en común dos características: Carecer de dinero y de influencias.
Durante años las periódicas denuncias periodísticas no tuvieron eco en las instituciones judiciales hasta que, en estos días, dos de ellas reaccionaron. En efecto, la Contraloría General de la República anunció que investigaría el examen de correspondencia de bienes de algunos ujieres de vida ostentosa y la Superintendencia de la Corte Suprema resolvió suspender los ascensos de funcionarios sospechados.
¿Qué produjo el cambio? Un notable hilo de posteos en la red X del abogado Jorge Rolón Luna que acertó una tecla comunicacional. En vez de relatar la corrupción general del sistema judicial, apuntó a algo específico: La suntuosa vida que llevan los ujieres con sueldos de 3.500.000 guaraníes. Las fotos de sus viajes, autos y fiestas publicadas por ellos mismos –“vyro chuscos”, los llama Rolón– indignaron más que todas las denuncias previas.
Los ujieres –y no todos, solo algunos de ellos– son apenas una partecita de la red de corruptos que participan de la fiesta que los enriquece a costa del hambre de miles de familias. Ojalá que las ganas de investigar de la Contraloría y la Corte no se limiten a los perejiles.
