De hecho, uno de los principales líderes sindicales del gremio no tuvo el menor pudor en amenazar a Peña con hacer campaña en contra del oficialismo en las internas coloradas. Es irónico porque la altísima politización de los maestros es un monstruo creado por los propios republicanos que utilizaron siempre la creación de rubros para docentes y los nombramientos como parte del reparto del botín político. Hoy esa aberración les juega en contra.
Será una disputa sumamente desagradable para el cartismo, pero es una batalla que Peña debe enfrentar inexorablemente. No tiene opción. De acuerdo con las proyecciones más conservadoras, si no se hacen los cambios, la diferencia entre lo que aportan los funcionarios activos y lo que cobran los jubilados alcanzará para el 2028 alrededor de 800 millones de dólares por año. No existe la menor posibilidad de mantener el déficit fiscal controlado, programas sociales como el del almuerzo y la merienda escolar y un nivel mínimo de obras públicas con esa sangría creciente, salvo que el presidente rompa su palabra y decida aumentar la tasa de los impuestos. Quiero ver la reacción de la gente cuando le digan que pagarán 12 o 14 por ciento de IVA solo para mantener los privilegios de los beneficiarios de la Caja Fiscal.
Peña sabe que esta es la madre de las reformas, y también que hoy carece de la autoridad moral para impulsarla por un error gravísimo del pasado, uno que –felizmente– todavía puede enmendar: El presidente defendió la jubilación vip de los parlamentarios buscando quedar bien con las mayorías que hoy aprueban todos sus proyectos en el Congreso, el presidente calificó como justa una caja creada en el Legislativo que permite a diputados y senadores acogerse a la jubilación con un máximo de diez años de aporte, un mamotreto financiero que el economista Santiago Peña sabe que colapsará inevitablemente y obligará a los contribuyentes a terminar pagando la pensión de los políticos.
Y esa es la carta principal que hoy tiene Peña para conseguir el apoyo de la opinión pública para su gran reforma. El presidente debe negociar la eliminación de la Caja Parlamentaria junto con la reforma de la Caja Fiscal.
Recordemos que todos los sistemas de jubilación en Paraguay responden al modelo de reparto, es decir que todos aportamos a una caja común de la que se pagan las jubilaciones. No es de capitalización individual. Si lo fuera, prácticamente ningún jubilado podría cobrar un haber ni remotamente cercano al salario que percibía estando en actividad, y el dinero aportado se agotaría en unos pocos años. La jubilación se sostiene porque los trabajadores activos cubren con sus aportes la brecha entre ingresos y pagos. Por eso, para que la Caja sea sostenible es necesario que haya un número mucho mayor de aportantes que jubilados.
Por esa misma razón la Caja Parlamentaria es un fraude. Siempre habrá un número igual de legisla-dores activos, pero el número de jubilados irá creciendo con el tiempo. Y hay un límite para la cantidad de nuevos funcionarios que pueda contratar cada Cámara, nepobabies y operadores políticos incluidos. Lo mismo pasa con la Caja Fiscal. Ambas están condenadas al déficit.
En realidad, la única salida de largo plazo es la fusión de todas las cajas en un sistema previsional único, con las mismas reglas para todos en el que nos jubilemos en iguales condiciones y a la misma edad. Ningún tratamiento diferenciado que deban pagar los demás es admisible, y mucho menos, en un país donde ocho de cada diez trabajadores jamás podrán jubilarse.
