Las manos sucias sobre Venezuela

Hay decisiones en la política –y más aún en la política internacional– que se toman en situaciones límite y que no son, en sí mismas, moralmente perfectas. Exigir integridad absoluta es desconocer la condición humana herida por el pecado original. La historia humana es un teatro activo de esa infausta realidad. Pero eso no supone que todo dé lo mismo: Hay decisiones más justas que otras. Siempre acecha la tragedia de lo que Michael Walzer – el filósofo político neoyorkino– llama en su texto Guerras Justas e Injustas (1977), las manos sucias: Decisiones aparentemente necesarias que no dejan de ser moralmente problemáticas. No estoy hablando aquí desde la teoría Escolástica de la guerra justa sino de la necesidad de actuar sin legitimidad plena, sabiendo que acarrea una herida moral. La primera pregunta es: ¿Fue justificada la acción norteamericana? No es simple ni admite respuestas rápidas. Intentaré mirarla desde tres planos: La cuestión de la soberanía, la dimensión internacional y la moral. Sabiendo –no sin cierto pesimismo– que en un clima ideologizado como el actual, toda razón que se ofrezca corre el riesgo de no ser escuchada, porque las respuestas suelen estar decididas antes de que aparezcan los argumentos. No obstante, veamos.
El límite de la soberanía. La soberanía es la capacidad de una nación de decidir en sus asuntos propios. El Estado ejerce así el poder sobre un territorio y sobre quienes lo habitan, de ahí que toda injerencia externa sea, en principio, ilegítima. En Venezuela el problema se sitúa justamente allí: El régimen de Maduro viola de manera sistemática requisitos básicos de un Estado de Derecho Constitucional. Es un régimen que ha conculcado libertades públicas, ha encarcelado ciudadanos, ha desconocido resultados electorales y se encuentra copado por intereses extranjeros, cubanos, rusos e iraníes.

Recordemos que un poder político no se legitima por el solo hecho de imponerse, sino por su ordenación al bien común. De ahí que, la soberanía –en estricto republicanismo– no es absoluta. No es un fin en sí misma, insistía Jacques Maritain , uno de los arquitectos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y, sin embargo, esta constatación, por sí sola, no basta para justificar cualquier violación a la soberanía. Allí comienza el drama: El de los límites de la respuesta política. Y surge una segunda pregunta inevitable: ¿Puede un orden jurídico internacional ofrecer respuestas eficaces cuando, frente al régimen, ha permanecido paralizado?

La fragilidad del derecho. Convengamos que el orden internacional es una comunidad moral y jurídica de naciones, fundada en la dignidad de la persona y sostenida por instituciones que deben ser respetadas. La ONU, los tribunales y los tratados son necesarios, pero políticamente frágiles. Recuérdese el informe Bachelet de 2019-20 sobre los derechos humanos. Esos organismos son lentos, atravesados por obstáculos geopolíticos y resultan inútiles frente a dictaduras ya afianzadas. No deberían serlo. Pero jurídicamente solo alcanzan a ordenar, con reglas tardías, realidades políticas que ya se han consumado.

Es en ese vacío –o en ese derecho reducido a mera declaración– donde prosperan autoritarismos que roban el lenguaje de la soberanía y del propio derecho internacional para blindarse. Incluso promueven nuevos organismos regionales con ese propósito. Unasur nació en 2008, con objetivos formales de integración, pero en la práctica funcionó como respaldo mutuo entre gobiernos populistas afines. Todo esto no es nuevo. Stroessner hacía lo mismo. ¿Quién no recuerda al constitucionalista González Alsina? En ese umbral, cuando el derecho no llega y la iniquidad persiste, aparece la cuestión más incómoda señalada por Walzer: La emergencia de una política de las manos sucias.

La herida moral. La captura de Maduro para someterlo a juicio como narcoterrorista coloca el conflicto donde Walzer sitúa su preocupación. No en el terreno de la legalidad –sabemos cuán frágil es el derecho internacional frente a dictaduras consolidadas–, sino en el de la decisión de uso de la fuerza. En situaciones extremas, cuando los crímenes se vuelven intolerables y las vías jurídicas están clausuradas, podría volverse necesaria una acción como la llevada a cabo. Es la emergencia suprema. De ahí la metáfora de las manos sucias: El gobernante obligado a hacer algo moralmente dudoso para evitar algo peor.

Desde esa lógica –y solo desde ella– la acción norteamericana puede justificarse como una respuesta posible.

Esta posición choca tanto con el moralismo kantiano, que no admite excepciones en las acciones, como con el utilitarismo extremo, donde los resultados justifican los medios. Pero tampoco es conforme a una moral normativa como la escolástica cristiana. Es una ética trágica, pues no elimina la suciedad de las manos; apenas intenta limitarla. No es una moral ideal, sino herida. Quizá por eso sea la única practicable en un mundo real, y no en el mundo prolijo de quienes explican, desde un escritorio y un ordenador, cómo debería defenderse una democracia. Porque el mundo es imperfecto, y exigirle pureza moral ha sido una de las formas más eficaces de legitimar dictaduras atroces. Es una posición incómoda: Un camino ciertamente peligroso, pero todavía transitable. En ese sendero –sin certezas absolutas– me reconozco caminando, muy cercano a Michael Walzer.