El recién publicado estudio actuarial del IPS para el periodo 2024-2100 revela algo incómodo, pero fundamental: La sostenibilidad del fondo no depende únicamente de reformas paramétricas, sino de la capacidad del Estado para hacer funcionar un mercado laboral mínimamente formalizado.
En 2024, el IPS tuvo 878.212 aportantes, lo que equivale a apenas el 29,3% de la población ocupada. Si se observa únicamente a quienes están obligados a aportar, empleados del sector privado y trabajadoras del servicio doméstico, la cobertura sube a 55,1%, es decir, casi la mitad de quienes deberían estar dentro del sistema, no están.
En un país donde la informalidad se mantiene alta y donde las condiciones laborales dependen más de la precariedad que de la productividad, no sorprende que el sistema previsional cargue con los síntomas de ese mismo desorden. El problema es que, ante cada alerta sobre la caja jubilatoria, la reacción inmediata suele ser la misma: “Hay que ajustar”. Ajustar la edad, ajustar los aportes, ajustar los beneficios. Ajustar siempre hacia abajo, pero el estudio actuarial muestra otra vía posible. Desde 2013, los trabajadores independientes pueden incorporarse voluntariamente al sistema jubilatorio del IPS. Trece años después, el mecanismo apenas araña una cobertura del 30,6%, incluyendo asalariados privados, del servicio doméstico e independiente. No porque la idea esté equivocada, sino porque, como tantas políticas en Paraguay, fue lanzada sin incentivos suficientes, sin mecanismos simplificados, sin pedagogía y sin un verdadero esfuerzo del Estado por atraer a un universo laboral que podría fortalecer la Caja de manera decisiva.
Mientras el sistema siga dependiendo casi exclusivamente de asalariados formales, un segmento cada vez más estrecho en un mercado laboral fragmentado, la discusión técnica sobre los años de aporte o el cálculo del haber jubilatorio será apenas un parche sobre una estructura que se mantiene débil.
El IPS tiene la oportunidad, y la obligación, de modernizar su modelo. Requiere adaptar los mecanismos contributivos a la realidad del trabajo en Paraguay, flexibilizar esquemas, facilitar la inscripción, ofrecer reglas claras y transparentes, y comunicar con fuerza los beneficios de estar dentro del sistema. Requiere, salir a buscar a los trabajadores que el mercado fue dejando afuera.
Ampliar la cobertura no solo es un acto de justicia contributiva; es una estrategia de sostenibilidad financiera. Una base más amplia y diversa de cotizantes reduce la vulnerabilidad del Fondo Común, distribuye mejor los riesgos y evita que las próximas generaciones tengan que elegir entre castigarse con más aportes o resignarse a jubilaciones insuficientes.
No se debe seguir exigiendo sacrificios a quienes menos margen tiene. Es hora de que el esfuerzo recaiga también en quienes diseñan políticas. El problema de nuestro sistema jubilatorio no es solo que los trabajadores aporten poco, sino también que el Estado hace poco para que puedan aportar.
