La juventud, comprendida como la etapa vital entre los 15 y 29 años, constituye un segmento demográfico crucial para el futuro de cualquier nación. Para el año 2024 se estima que la población paraguaya es alrededor de 5,9 millones de personas. De estas, aproximadamente 25,4% son jóvenes, que representa a 1,5 millones de personas.
La educación es la base para que los jóvenes puedan participar activamente en la sociedad y la política, ya que es determinante en la formación de una ciudadanía crítica, participativa y comprometida con los derechos y el desarrollo.
Sin embargo, a pesar de su relevancia social y económica, solo la mitad de jóvenes de 15 a 24 años de edad (51,6%) asisten a una institución de enseñanza formal, siendo la tasa de asistencia superior en áreas urbanas en relación a las rurales (55,6% vs. 44,5%). Apenas un cuarto completó 12 años de estudios.
La gratuidad de la educación media es relativa, los programas de becas son de baja cobertura, el sistema de transporte público es pésimo y no existen otros mecanismos que faciliten el acceso, la permanencia y el egreso exitoso. Las evaluaciones PISA nos ubican en los últimos lugares del mundo en calidad del aprendizaje.
La transición efectiva entre la escuela y el mundo laboral es un proceso crítico para el desarrollo de cualquier país.
La culminación de al menos 12 años promedio de estudios y de la educación media, complementada con formación técnica y profesional de calidad juega un papel fundamental en este proceso, ya que no solo prepara a los jóvenes con habilidades prácticas y conocimientos específicos, sino que también reduce el desempleo juvenil, mejora la productividad y fomenta la inclusión social.
Los déficits educativos se traducen en importantes problemas para la inserción económica de calidad de la juventud. El 60% ya está ocupada, pero en condiciones sumamente precarias. El desempleo juvenil afecta al doble que en el caso de las personas adultas y en las mujeres se triplica.
Los ingresos laborales son menores al salario mínimo, especialmente en el caso de las mujeres y del sector rural. Ni siquiera el trabajo asalariado que debería estar formalizado y fiscalizado remunera el salario mínimo.
Solo el 35,5% aporta a un sistema de jubilación, esto no solo afecta el futuro de la juventud, sino también el presente del sistema previsional, ya que la falta de aporte, principalmente por evasión, obstaculiza la sostenibilidad financiera del sistema en su conjunto.
A pesar de la relevancia para el bienestar individual y el desarrollo del país, los problemas que enfrenta la juventud, que van más allá de la educación y el trabajo remunerado, no están en el debate y, por lo tanto, tampoco se vislumbra la posibilidad de cambios en la política pública.
Paraguay necesita implementar políticas educativas, de cuidado y laborales para ampliar las capacidades y oportunidades económicas, hacer cumplir las normas laborales y realizar cambios en la seguridad social para que ingresen más jóvenes. A estas políticas esenciales se deben agregar políticas culturales, deportivas y de uso del tiempo libre, además de las de salud. Ello requiere la voluntad de las autoridades y de la población que con su esfuerzo traducido en impuestos y en el ejercicio de su ciudadanía y contraloría social contribuyan al contrato social.
Estamos desaprovechando el bono demográfico. La ciudadanía y los políticos deben tomar conciencia y plantear un debate, proponer políticas públicas y concertar acuerdos que favorezcan a la juventud y permitan una trayectoria de vida con calidad.
