En las últimas décadas y hasta hace unos años la economía paraguaya se cimentó sobre la estabilidad macroeconómica. La promulgación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y la implementación de un esquema de metas de inflación contribuyeron a mejoras paulatinas en las calificaciones realizadas por las agencias de calificación crediticia hasta llegar al grado de inversión. Este camino encuentra actualmente obstáculos debido a las importantes deudas con proveedores que redujeron artificialmente el déficit público dando señales de falta de seriedad y transparencia en el manejo de los fondos públicos.
Las evaluaciones de la calificación crediticia van más allá de la evaluación de la capacidad de pago del Estado de sus deudas generadas por bonos u otros instrumentos.
Tal como lo han señalado analistas económicos e informes recientes, el actual desafío de política fiscal es la debilidad en la administración interna de las finanzas públicas. La persistencia de atrasos en los pagos a proveedores del sector privado –especialmente en rubros claves como la construcción pública y los insumos farmacéuticos– es el reflejo de fallas graves en el ciclo presupuestario y en la programación de caja.
A pesar del importante desempeño económico agregado evidenciado en el crecimiento de producto interno bruto (PIB), la gestión presupuestaria presenta desconexiones entre la ejecución del gasto y el desembolso de recursos.
Los atrasos fiscales con proveedores privados –estimados por organismos internacionales y el Ministerio de Economía y Finanzas en torno al 2,1% del PIB– exponen un grave problema de gestión.
La estimación del déficit público informada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 2025 fue subestimada al no incorporar los compromisos asumidos por el sector público al adquirir bienes y servicios sin cumplir con la obligación financiera legal y económicamente contraída.
Desde una mirada ética, algunos economistas y analistas señalaron que incluso resultó engañosa, los que debilita el propósito normativo de la regla fiscal y menoscaba la credibilidad de la política económica.
La acumulación de atrasos evidencia que la programación presupuestaria no está alineada con los flujos reales de ingresos.
Las agencias de calificación evalúan también la gobernanza y la capacidad institucional del Estado. La advertencia de los informes señala que si Paraguay no logra resolver el desorden fiscal e institucional, la nota crediticia sufrirá presiones a la baja o se estancará.
El avance de Paraguay hacia el grado de inversión ha sido producto de dos décadas de estabilidad macroeconómica. No obstante, el éxito pasado no garantiza la sostenibilidad futura. La presencia de atrasos en el pago a proveedores revela que el actual problema de la estabilidad paraguaya es la gestión institucional del gasto público.
Para proteger la calificación soberana y que los beneficios del grado de inversión se traduzcan en menores tasas de interés y mayor atracción de capital productivo, el Estado paraguayo debe transparentar sus compromisos, alinear la planificación presupuestaria con los ingresos efectivos y erradicar la acumulación sistemática de deudas con el sector privado. Solo así la estabilidad macroeconómica se traducirá en una fortaleza institucional sólida y duradera.
La evaluación del Fondo Monetario Internacional del mes pasado también abordó el tema e incluyó recomendaciones entre las que se encuentra el adecuado registro y presentación de las deudas en las estadísticas fiscales. Para evitar que vuelvan a producirse atrasos, es necesaria una mejor alineación entre el presupuesto y la planificación financiera y de caja, además de reforzar la supervisión y los controles del gasto. Esto incluye la implementación plena del Sistema Integrado de Gestión de Bienes y Servicios (SIGEBYS) del Ministerio de Economía y Finanzas y avanzar con su interoperabilidad con los sistemas de planificación y control del gasto de los distintos ministerios competentes.
Es urgente que el MEF asuma con responsabilidad estos desafíos.
