Iniciado hace dos años, el vergonzoso caso de la denominada mafia de los pagarés sigue interpelando al sistema de Justicia paraguayo. Mientras avanzan muy lentamente los procesos a algunos responsables, los efectos y las consecuencias de la estafa en las víctimas tampoco se detiene y cada día surgen nuevas denuncias de personas duramente perjudicadas.
En el denominado caso de la mafia de los pagarés hasta el momento están procesadas 79 personas, entre ellas, siete jueces, ex jueces, ujieres y varios abogados. Hay otras causas abiertas, pero no se pueden ver los resultados hasta ahora. En este aspecto, el sistema de Justicia que antes permitió que se desarrollara impune este esquema de estafas continúa decepcionando a las víctimas.
Mientras las personas afectadas sufren, algunos de los imputados parecen seguir marcando los tiempos de los juicios. Uno de estos casos –y uno muy evidente– es el de la abogada Zully Ortiz, quien volvió a trabar su juicio oral después de recusar al Tribunal de Apelaciones, que a su vez debía estudiar la recusación al Tribunal de Sentencia de la ciudad de Villa Hayes, que debe juzgarla en un juicio oral y público.
Lo grave en este caso puntual es que lo habría hecho ella por sí misma, aunque está imposibilitada, pues la misma se encuentra con la matrícula suspendida por la Corte Suprema de Justicia. Eso lo hizo con una nota escrita a mano y agregó que la recusación era “bajo patrocinio de abogado”, pero la única que firmó fue la abogada quien cumple arresto domiciliario.
Hace un mes debería haber iniciado el juicio oral y público a Zully Ortiz y los propietarios de la empresa Vanessa y Asociados SA, a quienes ella representaba: Mirtha Elizabeth Metel y Julio César Paiva. La presunta víctima, Ángela Zárate accedió a un crédito y firma dos pagarés a favor de Vanessa y Asociados SA por montos de G. 3.360.000 y G. 3.840.000, deuda que fue saldada en setiembre del 2015 luego los dueños de la empresa entregaron los pagarés a la abogada Zully Ortiz, quien demandó a Zárate. La entonces jueza de Paz Norma Barrios ordenó el embargo, con lo que se volvió a cobrar toda la deuda. La víctima recién se enteró del juicio ejecutivo en su contra cuando le embargaron el sueldo, pues ella nunca fue notificada.
La víctima reclamó que ya había pagado toda la cuenta y la jueza de Paz de Villeta, Beatriz Olga Morán, anuló el proceso y devolvió a Ángela Zárate el dinero que se le había descontado por el embargo.
Otra institución que se está demorando es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que tomó conocimiento de una denuncia por estafa realizada por una docente de Caacupé ante la Fiscalía de Villa Elisa, pero que luego de dos años sigue cajoneada. A la docente las deudas inventadas la devastaron y recién ahora el JEM abre plazo para definir si investiga la posible inacción fiscal, sin duda, una Justicia muy lenta.
Sandra Cárdenas, la profesora de Matemáticas de la ciudad de Caacupé, hoy ya no puede ejercer, dos deudas inventadas le destrozaron la vida, causándole una extraña infección de los nervios del cerebro que la mantuvo en cama por dos meses sin poder caminar. Su denuncia en la Fiscalía de Villa Elisa lleva dos años paralizada y el Jurado de Enjuiciamiento todavía no decidió si va a investigar la demora que arruinó la vida de una trabajadora. “Uno tiene familia, hijos, cosas que pagar. Prácticamente trabajaba solo para estas personas. Hacían con mi sueldo lo que querían”, relataba la docente.
Según el más reciente comunicado de la Comisión de Víctimas, la mafia de pagarés “es una estafa masiva que desestabiliza la economía de miles de hogares paraguayos”, y denuncian al mismo tiempo que los afectados siguen siendo “ignorados” por su propio Gobierno. Este es un esquema, en parte aun vigente, que según señalan desde la Comisión de Víctimas, que ha dejado en la calle a miles de víctimas, y que tiene ramificaciones en casi todo el país, aunque las grandes investigaciones se centran en Asunción, que abarca la mayor cantidad de casos.
El recuento de ÚH sobre los implicados incluye a 79 personas, dentro de 12 causas relacionadas con la mafia de pagarés, entre jueces, ujieres, actuarios, oficiales de Justicia, abogados, y también particulares que habrían perjudicado gravemente a miles de docentes, enfermeros y funcionarios públicos, quienes han caído en la red de estafas de deudas inventadas e interminables.
El caso interpela a nuestro sistema de Justicia y, sin duda, ya lo está poniendo a prueba.
