Asistirán a la inauguración, esta tarde, el canciller argentino, Jorge Faurie; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz; y el titular de la Corte Interamericana, el mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.
La CorteIDH, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue invitada por el Gobierno el año pasado para verificar el estado de varias sentencias.
La institución, desde este lunes y hasta este viernes, deliberará sobre un caso sucedido en Paraguay, supervisará el cumplimiento de sentencia de cinco casos que competen a Argentina y atenderá un reclamo sobre los derechos de los pueblos originarios en el norte argentino, según dicta un comunicado oficial.
El tribunal fallará sobre la supuesta desaparición forzada y tortura de dos hombres, Juan Francisco Arrom y Anuncio Martí, en 2002 en Paraguay.
Asimismo, la institución supervisará la responsabilidad internacional del Estado argentino por la desaparición forzada de Iván Eladio Torres Millacura en 2003, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables.
También por la desaparición forzada de Adolfo Argentino y Raúl Baigorria por parte de agentes policiales en 1990 y de los actos de tortura en perjuicio de Juan Francisco Bueno en 1988.
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Además, supervisará la responsabilidad internacional de Argentina por violar el proceso de tenencia de Leonardo Fornerón con respecto a su hija biológica en el 2000 y por la demora de una indemnización a favor de Sebastián Furlán, persona con discapacidad que dependía de un tratamiento médico por sufrir en 1990 un accidente por negligencia del Estado.
El nuevo reclamo que atenderá la Corte está relacionado con la violación del derecho a la propiedad en perjuicio de varias comunidades indígenas del norte argentino, miembros de la Asociación Lhaka Honhat, a quienes visitarán durante las jornadas del 17 y 18 de mayo varios miembros de la CorteIDH para conocer la problemática de cerca.
Las comunidades nativas alegaron que tanto el Estado como otras entidades incurrieron en sus propiedades sin permiso para explotar sus tierras con fines de lucro.
Entre las actividades que el colectivo denunció que se llevaron a cabo en dichos territorios son obras públicas para la exploración de hidrocarburos, tala de árboles y extracción ilegal de madera.
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De este modo, la institución concluyó que se habría cometido la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial debido a la inexistencia de un procedimiento efectivo para acceder a estas propiedades en territorio ancestral.
La CorteIDH, que junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos integra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es uno de los tres tribunales internacionales que se encargan de proteger los derechos y libertades que tienen que ser respetadas por los Estados miembros.
Los otros dos son la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los pueblos.
Los países que forman parte de la alianza americana son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras,Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.
