En ese sentido, casos que se hicieron muy públicos, como el de los detergentes de oro adquiridos por la administración municipal de Óscar Nenecho Rodríguez, nunca avanzó, y el de los tapabocas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) tampoco fue a juicio, así tampoco han avanzado los procesos abiertos al ex gobernador colorado de Central Hugo Javier González y al intendente Miguel Prieto.
A pesar de que ya fueron dictadas dos sentencias en casos de corrupción durante la pandemia, todavía quedan varias causas pendientes, algunas deben ser juzgadas en juicio oral.
Uno de los más mediáticos, el caso conocido como los detergentes de oro, adquiridos durante la administración del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, nunca tuvo avances en la Fiscalía, si bien había una causa abierta la investigación no progresó, pese a las abundantes denuncias sobre la presunta sobrefacturación en la compra de detergentes y otros insumos.
Uno de los casos que tienen más antigüedad y todavía no llega a juicio oral, es el de los tapabocas de la Dinac, donde están procesados, entre otros, el ex presidente Édgar Melgarejo Ginard, declarado como significativamente corrupto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La causa está en el Tribunal de Apelación.
Asimismo existen otras dos causas por supuestos desvíos de fondos en la Gobernación del Departamento Central, que tiene varios procesados, entre ellos, el ex gobernador colorado cartista Hugo Javier González Alegre. El primer caso es por un presunto perjuicio de G. 5.106 millones, que debían ser destinados para las obras durante la emergencia sanitaria, y está en etapa de juicio oral. En el segundo se acusa al ex gobernador por cuatro transferencias a ser destinadas para medicamentos en pandemia; el supuesto perjuicio patrimonial es de G. 18.300 millones, de los cuales G. 4.025 millones eran para los medicamentos.
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, también tiene dos procesos abiertos por supuestos hechos punibles ocurridos durante la pandemia. La imputación por la primera causa es por supuesta lesión de confianza en la provisión de alimentos en plena epidemia sanitaria, donde el daño patrimonial sería de G. 1.769 millones. En el otro caso, presentado recientemente es por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. En esta, presuntamente Prieto habría pagado mercaderías inexistentes por la suma de G. 306 millones.
No caben dudas de que, particularmente en lo relacionados con la corruptela cometida durante la pandemia, la Justicia tiene una gran deuda con la ciudadanía. Lamentablemente tienen razón los reportes internacionales sobre el Paraguay cuando nos definen como un país que tiene poca capacidad para luchar contra la corrupción, porque no funciona el sistema legal de Justicia.
Los intentos de sacar provecho personal de los recursos disponibles para enfrentar la pandemia del Covid-19 constituyen una de las muestras más explícitas del grado de vileza al que pueden llegar funcionarios públicos. La pandemia costó la vida de casi 20.000 paraguayos, ese es un dato que nunca debemos olvidar.
