La ciudadanía debe soportar otra amarga dosis de impunidad, pues los diputados han vuelto a cajonear pedidos de acuerdos para intervenir municipios. En la sesión ordinaria se debía decidir sobre algunos de los siete pedidos que hace un año aguardan en la Cámara Baja. El mensaje de la clase política –a las puertas de un año electoral– es claro: A los amigos todo, a los enemigos el peso de la ley, por eso varios intendentes de municipios cartistas no son intervenidos, a pesar de la mala gestión o el perjuicio que ocasionan a sus comunidades.
Pedidos de acuerdos para intervenir municipios han sido, una vez más, cajoneados en la Cámara de Diputados. Y a pesar de que ya se contaba con tal decisión, genera repudio y frustración. Estos intendentes, gran parte de ellos del sector oficialista están siendo investigados por diversos tipos de irregularidades en la gestión y al protegerlos, los diputados están proclamando que nada les importa el perjuicio que causan a la comunidad estos intendentes o los servicios que dejan de recibir las ciudades.
El titular de Diputados, Raúl Latorre, levantó la última sesión por falta de cuórum cuando se iban a tratar los pedidos que afectan a siete municipios. Así han quedado sin ser tratados pedidos de intervención referentes a los distritos de Tomás Romero Pereira y Ñemby, a cargo de Hernán Rivas y Tomás Olmedo, respectivamente. Sobre la gestión de Rivas hay una investigación sobre el supuesto perjuicio que asciende a G. 2.000 millones, correspondiente a royalties y alrededor de G. 7.000 millones de recursos genuinos. En cuanto a Ñemby, la Cámara Baja tenía que definir la conformación de la comisión especial de estudio del pedido de intervención de la administración a cargo de Tomás Olmedo, denunciado por hechos de corrupción, por el faltante de G. 700 millones, lesión de confianza, estafa y producción de documentos no auténticos. También hay pedidos referidos a Yby Yaú, el Municipio de Ybyrarobaná, Emboscada, Lima y Juan L. Mallorquín.
No se puede pasar por alto el hecho de que la Constitución Nacional otorga a los municipios las atribuciones de atender en cuestiones de urbanismo, ambiente, abasto, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia sanitaria, entre otras. Un intendente con la Junta Municipal dicta ordenanzas, y reglamentos y fiscalizan el tránsito, el transporte y otras materias, pero fundamentalmente la tarea es de administrar y organizar la vida de las ciudades, los lugares donde viven los vecinos, que también son sus electores. Por eso, un intendente que es investigado o eventualmente imputado, es una autoridad que no ha logrado cumplir con su responsabilidad de proveer a los ciudadanos un entorno público limpio, ordenado, y amables, un entorno que de bienestar.
Se nota, por un lado, un divorcio ente los intereses de grupos políticos y económicos que respaldan a estas autoridades cuestionadas, y el derecho de la población a acceder a calidad de vida. En las comunas no hay una verdadera representación ciudadana, sino solamente se han convertido en unas bolsas de empleo que gestionan puestos para amigos y familia de los políticos, lo que se hace bien notorio en el tipo de presupuestos que son aprobados año a año por las juntas municipales, en donde se prioriza el gasto en salarios por encima de la inversión en obras a favor de la comunidad.
Las municipales deberían ser las autoridades más cercanas a la gente porque se supone que deben conocer mejor sus necesidades y así también su única misión es darles calidad de vida. Esto significa construir entornos saludables y seguros como plazas públicas, espacios verdes para la expansión de las familias, la práctica de deportes, etc. Implica proveer servicios públicos eficientes, opciones de actividades culturales y artísticas para los barrios e incluso promover la organización de los vecinos porque sabemos bien que la participación ciudadana es la base de la democracia.
Nada de esto está presente en la discusión parlamentaria en el momento de decidir ayudar a los intendentes amigos con pedido de intervención, y ese es, sin duda, un poderoso mensaje por parte de la clase política, que sin vergüenza elige proteger y tolerar a sus amigos por encima de los intereses los ciudadanos.
