La reunión secreta entre ministros de la Corte Suprema de Justicia con el presidente de la República, Santiago Peña, de la que supuestamente también habría participado el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, ha encendido las alarmas y echado un manto de gran preocupación por el bienestar de la democracia, el Estado de derecho y la marcha de la Justicia. La transparencia es una condición básica para las autoridades y no caben las excusas. El sometimiento de la Justicia nos remite a nuestro reciente pasado dictatorial.
Las autoridades deben tener siempre en claro que la Constitución Nacional no es un texto cualquiera y que sus preceptos y declaraciones no son mera retórica. La Constitución es un documento que no solo organiza el Estado, sino que representa un acuerdo entre ciudadanos que optaron por un sistema de gobierno: La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista.
En nuestra República, la soberanía reside en el pueblo y el gobierno en representación del pueblo lo ejercen los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, “en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público”.
Preservar la independencia de los poderes del Estado no es opcional. Por eso, la reunión sospechosamente secreta que mantuvieron seis ministros de la Corte Suprema de Justicia con el presidente de la República, Santiago Peña, en un encuentro que permaneció oculto durante varios días está siendo motivo de gran preocupación por la posible participación del ex presidente Horacio Cartes, actual titular del Partido Colorado. La información hasta ahora no ha sido desmentida.
Como señalara el senador Rafael Filizzola, no es un problema el diálogo entre poderes del Estado, sí lo es el carácter secreto que tuvo dicho encuentro y cuestionó la presencia de Horacio Cartes. “No tenía ningún motivo para participar. ¿Qué hace el presidente de un partido político en una reunión entre el presidente de la República y la Corte Suprema?”.
Resulta preocupante, sobre todo, si conjeturamos la agenda que fue discutida en la reunión con los ministros de la Corte. Sabemos que hay temas importantes que deben ser definidos por la Justicia, y que tienen gravitación política, casos como del ex presidente de la República Mario Abdo Benítez, del diputado Mauricio Espínola, de Kattya González y del ex intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto. Además, es importante mencionar la aprobación de la Cámara de Diputados del proyecto de ley, proveniente de la Cámara Alta, que elimina el límite de dos años que tenían los ministros en los feudos judiciales departamentales que es vista como un evidente retroceso.
Los obispos del Paraguay han expresado una preocupación a través de la Carta Pastoral leída en Caacupé; “nos genera preocupación el equilibrio entre los poderes del Estado porque cuando este se quiebra, la política deja de proteger a todos y comienza a proteger a unos pocos. Entonces, la ciudadanía experimenta que el bienestar no es para todos, sino para aquellos que cuentan de elevado poder adquisitivo y apadrinados por personas adineradas. Esta realidad atenta contra los principios del bien común”.
Afirman, asimismo, que sin justicia real y accesible para todos, el Estado de derecho se convierte en una apariencia, una estructura formal sin fuerza moral ni credibilidad pública; “lastimosamente, en la práctica, el Poder Judicial está sobrecargado, mal dotado, presionado políticamente y afectado por prácticas corruptas y por interferencias. Esto provoca mora judicial, sentencias que parecen tener precio, sensación de injusticia y desprotección de los más débiles”.
Por otra parte, nuestro país debe recuperar el balance que se perdió frente a la aplanadora colorada en el Congreso que de momento está mostrando escasa vocación democrática, un detalle que resulta peligroso. Debemos recuperar el balance y, al mismo tiempo, restaurar el equilibrio entre los poderes del Estado para garantizar la democracia y el Estado de derecho.
