“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Con esta declaración tan sencilla los 34 países en activo de la OEA (todos menos Cuba) sentaron las bases del compromiso colectivo en defensa de la democracia el 11 de septiembre de 2001, en Lima.
Hoy, los bolivianos Jaime Paz Zamora y Carlos Mesa, el argentino Fernando de la Rúa, el salvadoreño Antonio Saca, los ecuatorianos Gustavo Noboa y Rodrigo Borja, el mexicano Vicente Fox, el colombiano Ernesto Samper, los panameños Martín Torrijos y Nicolás Ardito, el dominicano Hipólito Mejía, el español José María Aznar y el peruano Alejandro Toledo se reúnen en Lima para conmemorar dicha fecha.
Además, y junto a un panel de expertos, analizarán los alcances del documento en un momento político en la región en que, según Michael Shifter, presidente del centro con sede en Washington Diálogo Interamericano, “seguramente la carta no se aprobaría.
“Nos toca, después de diez años, hacer una pausa y, con sentido reflexivo y capacidad analítica, evaluar el nivel de eficacia o de ineficacia que haya tenido esta Carta Democrática Interamericana”, opinó recientemente Toledo en entrevista con Efe.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, también ha reiterado la necesidad la necesidad de un fortalecimiento de la Carta para subsanar algunas de las “limitaciones” que ha demostrado tener en situaciones prácticas como el golpe de estado en Honduras en 2009.
A su llegada a Lima ayer sábado, los ex presidentes De la Rúa y Saca coincidieron en que a pesar del gran aporte a la democracia que ha supuesto la carta, los países de la región deben lograr dar mayor “operatividad” a ese instrumento.
Para lograr eso, ambos plantearon la creación de un observatorio de la OEA que permita detectar a tiempo situaciones que amenacen a un gobierno democrático.
“Es muy importante un centro de observación y seguimiento. Hace un tiempo dije que hay que respetar el principio de no intervención, pero al mismo tiempo tenemos que levantar el principio de no indiferencia, no desentendernos de nuestros países hermanos”, afirmó De la Rúa.
Una opinión similar dio el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el peruano Diego García Sayán, quien consideró que el uso de la carta en sus diez años de existencia ha sido insuficiente.
“Son diez años en los que América Latina ha tenido varios procesos de crisis, a veces se ha utilizado la Carta, otras veces no, y sin duda es un momento para hacer una reflexión de cómo puede este instrumento ayudar”, afirmó García Sayán, quien como canciller de Perú presidió la asamblea de la OEA en Lima que aprobó la Carta.
La idea del documento partió de una iniciativa que Perú presentó en la III Cumbre de las Américas, celebrada en Québec (Canadá) en 2001, basada en la experiencia del autogolpe del presidente Alberto Fujimori en 1992.
Más allá de las consideraciones sobre la democracia, pendientes están también otros compromisos fundamentales como los que figuran en el artículo 12 sobre tomar “todas las acciones necesarias” para crear empleo productivo, reducir la pobreza y “erradicar” la pobreza extrema.
En Latinoamérica y el Caribe todavía había en 2010 unos 180 millones de pobres (un 32,1 % de la población total), de los que 72 millones (12,9 % del total), estaban en la indigencia, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dependiente de Naciones Unidas.
