La preocupación crece en Yataity del Norte, Departamento de San Pedro, ante la falta de avances en las investigaciones relacionadas con una denuncia de presunta malversación de más de G. 3.000 millones presentada contra el intendente municipal, Guido Garcete.
Los ciudadanos organizados que impulsan la denuncia aseguran que, además de la gravedad de los hechos denunciados, inquieta la aparente inacción de la Contraloría General de la República y la exigua respuesta del Ministerio Público.
La denuncia fue presentada hace más de seis meses ante la Contraloría y la Fiscalía de Delitos Económicos, instancia que posteriormente remitió el caso a la Fiscalía de San Estanislao, donde se encuentra a cargo del fiscal Alexander Arguello.
Los denunciantes, patrocinados por el abogado Hugo Henry Alonzo Martínez, impulsan la denuncia. Martínez manifestó que existen documentos que respaldarían las sospechas sobre el supuesto faltante millonario y otras irregularidades administrativas.
Señaló que incluso fueron presentadas evidencias relacionadas con presuntas obras fantasmas que figuran en documentos oficiales, pero que no existirían físicamente en los lugares donde supuestamente fueron ejecutadas.
Los denunciantes también hablan de supuestas sobrefacturaciones y otras anomalías que, según sostienen, habrían ocasionado un importante perjuicio a las arcas municipales. Aseguran que toda la documentación fue puesta a disposición de las autoridades competentes para su análisis.
Otro aspecto que genera preocupación es que, según los ciudadanos, ni siquiera los abogados que acompañan la denuncia han podido acceder a copias del expediente fiscal, pese a las reiteradas gestiones realizadas ante la unidad encargada del caso.
Asimismo, cuestionan la falta de intervención de la Contraloría General de la República, ya que hasta el momento no se habría dispuesto el envío de técnicos para verificar en terreno las obras observadas y contrastar la documentación presentada con la realidad de los trabajos ejecutados.
Los pobladores exigen que tanto el Ministerio Público como la Contraloría aceleren las diligencias y actúen con transparencia, atendiendo la magnitud de las denuncias.
Versión del fiscal que investiga el caso
El fiscal Alexander Arguello, de la Unidad del Ministerio Público de San Estanislao, afirmó que la investigación sobre la denuncia presentada contra el intendente de Yataity del Norte se encuentra en curso y que las actuaciones se están realizando conforme a los procedimientos legales establecidos.
Según explicó, las carpetas remitidas a su unidad ya se encuentran bajo análisis y se aguardan la designación de un perito que será el encargado de realizar las evaluaciones técnicas correspondientes sobre la documentación presentada.
Una vez cumplido ese paso, se procederá al estudio detallado de los antecedentes para posteriormente adoptar las decisiones que correspondan dentro de la causa.
El representante del Ministerio Público rechazó además las acusaciones de supuesta inacción o falta de interés en la investigación.
“Estamos haciendo todo como corresponde y aguardando el nombramiento de un perito para poder analizar todas las carpetas y luego proceder a tomar alguna decisión”, señaló Arguello, asegurando que la causa continúa avanzando dentro de los plazos y procedimientos previstos por la ley.
Versión del intendente
Por su parte, el intendente municipal Guido Garcete negó categóricamente la existencia de cualquier hecho de malversación de fondos en su administración y sostuvo que las acusaciones carecen de sustento y responden a un interés político.
El jefe comunal afirmó que toda la documentación requerida por los organismos de control fue remitida en tiempo y forma, tanto al Ministerio Público como a la Contraloría General de la República.
Entre tanto, rechazó la versión que habla de un supuesto faltante o desvío de recursos por un monto cercano a los G. 3.000 millones.
Garcete aseguró que las obras mencionadas en los documentos y rendiciones de cuentas existen físicamente y pueden ser verificadas por cualquier autoridad competente, además de contar con los respaldos documentales correspondientes.
En ese sentido, afirmó que no tiene nada que ocultar y que su gestión está respaldada por las documentaciones, las obras ejecutadas durante su administración y la aprobación de los cinco años de su gestión.
Finalmente, sostuvo que las denuncias responden a intereses políticos y señaló que varios de los denunciantes son precandidatos a cargos electivos, por lo que, según afirmó, buscan afectar su imagen pública y su participación en el escenario político local.
