El concejal departamental de Central Adrián Billy Vaesken (PLRA) manifestó en un contacto con radio Monumental 1080 que cuentan con una mayoría suficiente para concretar el pedido de intervención de la Gobernación de Central este lunes.
La Junta Departamental convocó a una sesión extraordinaria para las 12:00 de esta jornada para tratar al respecto. Con ello se estaría decidiendo además la suerte del gobernador Hugo Javier González, imputado por la presunta clonación de facturas con fondos Covid.
“En principio contamos con 12 votos”, aseguró el edil liberal.
Nota relacionada: Junta de Central presenta pedido para la intervención
El cuerpo legislativo está integrado por 21 concejales departamentales y para que se apruebe el pedido de intervención se necesita una mayoría simple de 11 votos.
Posteriormente, pasaría a la Cámara de Diputados para su estudio. Sin embargo, Adrián Billy Vaesken dudó que en estas instancias sea aprobado, ya que está compuesto por una mayoría colorada y principalmente cartista, que es el movimiento al que pertenece Hugo Javier.
El concejal departamental sostuvo que hay tres escenarios con el que se puede apartar al gobernador de Central del cargo, a través de su renuncia, la intervención por pedido de la Junta o si el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, solicita de oficio.
Lea también: Principal asesor de Hugo Javier estuvo imputado anteriormente por soborno
Apuntó que el principal responsable del daño patrimonial es Miguel Ángel Robles Ibarra, el principal asesor de Hugo Javier González.
“Aparentemente, este señor nunca administró. Robles es el que siempre administró, esto es lo que siempre parece, porque este señor aparece como asesor. También creo que hay personas inocentes que cayeron. Yo creo que hay un actor intelectual detrás de todo esto y sería el señor Robles”, acotó. Aunque en este caso investigado, Robles no aparece entre los imputados.
La Fiscalía imputó por lesión de confianza y otros hechos punibles al gobernador de Central y a otras 14 personas.
La imputación es por los hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por “obras fantasmas”. Hace ya varios meses el proceso fue abierto a raíz de la denuncia de concejales.
