La administración de Mario Abdo Benítez vive actualmente horas sumamente complicadas y con reuniones constantes para tratar de descomprimir la crisis política que se desató con la firma del acuerdo sobre Itaipú.
A esto se suma que delegaciones diplomáticas de Paraguay y Brasil dejaron sin efecto la cuestionada acta.
Tanta trascendencia política y social tuvo el acta bilateral entre Paraguay y Brasil que se instaló el tema de un eventual juicio político para el titular del Ejecutivo y para el vicepresidente Hugo Velázquez.
Desde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el Frente Guasu, alegan que hubo una “traición a la República” de parte de las altas autoridades, al rubricarse un documento que no es beneficioso para el país.
“El panorama es muy confuso”, afirmó en la mañana de este jueves el presidente del Congreso, Blas Llano, quien está en la línea de sucesión presidencial, en caso de que corra el juicio político contras Abdo Benítez y Velázquez. Sin embargo, prefirió no opinar al respecto.
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La Constitución Nacional establece que, para iniciar un juicio político, la Cámara de Diputados debe aprobar un libelo acusatorio por mayoría de dos tercios, es decir, con el voto de 53 legisladores.
Posteriormente, corresponderá al Senado, con el acompañamiento de 30 de sus 45 representantes, juzgar en juicio público a los acusados por los diputados. En caso de aprobar la culpabilidad de los mismos, dichos altos funcionarios serán separados de sus cargos.
Al ser la Cámara Alta la que tiene la última palabra es que se convierte en un escenario fundamental para el futuro del Gobierno de Mario Abdo Benítez. Ya hay voces a favor y en contra de la continuidad de las principales cabezas del Poder Ejecutivo.
Las bancadas definen sus posturas
Varias bancadas de la Cámara de Senadores ya sentaron posturas sobre el tema y, de a poco, se está dilucidando cómo está el panorama. De acuerdo a las últimas informaciones, en dicha sede legislativa no habría los votos necesarios para enjuiciar al jefe de Estado.
Son 18 los senadores que estarían en contra del juicio político de Mario Abdo Benítez y 27 a favor. Con esos números se estaría salvando el mandatario, porque se requiere, como mínimo, el acompañamiento de 30 parlamentarios.
El jefe de Estado tiene el respaldo de los ocho senadores oficialistas (del movimiento Colorado Añetete) y de los tres colorados independientes, que son Lilian Samaniego, Óscar Salomón y Mirta Gusinky.
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También se mostraron en contra del juicio político al mandatario las bancadas del Partido Patria Querida (tres senadores), el Partido Democrático Progresista (dos) y el Partido Hagamos (dos).
Los que se pronunciaron a favor del enjuiciamiento de Mario Abdo fueron los miembros del Partido Liberal Radical Auténtico, el Frente Guasu y los colorados del movimiento Honor Colorado.
Sin embargo, el panorama es distinto con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Porque bancadas que no apoyan el juicio de Mario Abdo Benítez, sí acompañarían un eventual enjuiciamiento con el segundo el Ejecutivo.
El acta de la discordia
La crisis política inició la semana pasada, tras la renuncia del presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira, por negarse a refrendar un acuerdo bilateral firmado ya en el mes de mayo, vía Cancillería, con el Brasil, que supone un sobrecosto de USD 250 millones para la estatal.
Este acuerdo fue dado a conocer recién la semana pasada, por lo que los partidos de la oposición y ciudadanos autoconvocados empezaron a manifestarse y a exigir la destitución de las principales autoridades, lo que finalmente derivó en la renuncia del titular de la Itaipú, José Alderete; el canciller Luis Alberto Castiglioni; el titular de la ANDE, Alcides Jiménez; y el embajador ante el Brasil, Hugo Saguier Caballero, quien firmó el acuerdo bilateral.
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De la misma manera, la Cámara de Senadores conformó una comisión bicameral para investigar el acuerdo y sus alcances, además de convocar a los principales responsables en el caso.
La situación se agravó este miércoles, por unos mensajes que revelan una supuesta injerencia del vicepresidente Hugo Velázquez en el acuerdo, para favorecer a una empresa brasileña en la venta de energía de la ANDE.
Velázquez se defendió este miércoles ante la Cámara de Diputados y negó los hechos de los que se lo acusa, pero los argumentos no convencieron a los legisladores de la oposición.
