La resolución fue dictada ayer por la jueza de Sentencia, Celia Salinas, que admitió la garantía constitucional para el acceso a la información pública que fue planteada contra la Municipalidad de la capital por el citado profesional, bajo patrocinio del abogado Federico Legal.
En un plazo de diez días, la Comuna debe proporcionar al accionante y hacer pública en la página web la deuda financiera total de la Municipalidad, esto es, deuda en contraprestación por dinero recibido.
La información deberá discriminar el monto recibido y los bancos, financieras, cooperativas y/o personas físicas o jurídicas dedicadas a la concesión de créditos, reguladas (o supervisadas) o no por la Superintendencia de Bancos o el Incoop, al día en que se responda la solicitud.
Asimismo, debe dar detalle de cada emisión de bonos en la que hayan intervenido casas de bolsa y/o cualquier otro intermediario financiero regulado o no por la Superintendencia de Valores que estén pendientes de pago, con mención de los intervinientes.
Igualmente, la indicación de la fecha en la que se contrajo cada obligación y de la que vencerá; nombre y apellido o razón social de cada acreedor (personas físicas y/o jurídicas); los pagos realizados (y sus comprobantes) y detalle de pagos pendientes discriminando capital e intereses (detallando compensatorios, moratorios y/o punitorios).
Igualmente, la Comuna debe proveer los actos normativos y/o administrativos que autorizaron cada endeudamiento y dictámenes que los recomendaron; la copia íntegra de los contratos firmados y sus anexos y/o adendas y/o modificaciones.
Finalmente, deberá dar el detalle de las comisiones pagadas a intermediarios y/o en concepto de gastos administrativos que incurrió la Municipalidad de Asunción.
SIN RESPUESTA. Según Ezequiel Santagada, el 2 de diciembre del año pasado ingresó el pedido de acceso a la información pública a la Comuna, y requirió que le proporcione los datos de las deudas financieras, así como los acreedores, los pagos, entre otros, pero no fue respondido, por lo que no tuvo otra opción que acudir a la Justicia.
La Comuna, a través de la abogada Josefina Gaona, señaló que por el volumen de datos, se pidió prórroga, a más de que parte de los pedidos, ya están en la web. Por otro lado, también pidió la prescripción del plazo para plantear el amparo, lo que fue rechazado por el juez Miguel Palacios.
