El magistrado Miguel Palacios argumentó que existían causales de inhibición debido a su vinculación con la abogada Rocío Mabel Vega, quien ejerce la defensa de la jueza pedrojuanina, por lo que decidió apartarse de la causa.
A continuación, se realizó el sorteo correspondiente y fue designado su colega de Garantías Francisco Acevedo, quien está de vacaciones, por lo que es interinado por el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.
Estigarribia no cuestionó la inhibición de su colega Palacios, y se declaró competente en la causa.
Ante está situación, admitió la imputación contra la magistrada de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero Librada Peralta por presunto uso de documentos públicos de contenido falso.
Esto, debido a que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados remitió la comunicación del desafuero de Peralta de modo que la magistrada sea sometida a proceso penal.
Asimismo, suspendió las audiencias para los demás procesados, teniendo en cuenta que tiene varias audiencias programadas en su propio juzgado.
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En el caso, tras la denuncia del Consejo de la Magistratura, el fiscal de Anticorrupción Leonardi Guerrero formuló imputación contra la citada jueza de Pedro Juan Caballero Librada Peralta; además del ex magistrado Mario Brítez, la ex actuaria Shirley Paola Irala y el asistente fiscal Fredy Rolón Villalba.
Junto a ellos, también fueron imputados el funcionario del Consejo de la Magistratura Rafael Prieto y otro de la Escuela Judicial Rodrigo Ávalos, en calidad de cómplices.
Según la imputación, estos habrían adulterado un certificado de especialización en Derecho Procesal Penal dentro de concursos públicos en el Consejo con el objetivo de contar con más puntaje para integrar las ternas.
Los coprocesados debían tener la audiencia de imposición de medidas cautelares, pero deberá ser reprogramada.
