En la sesión ordinaria de hoy, los miembros del JEM analizaron los antecedentes del caso y coincidieron en desaforarla y enjuiciarla, aunque sin considerar necesaria su suspensión en el cargo.
El ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia, quien hoy juró como miembro para el periodo 2026-2029, fue el preopinante. Señaló que corresponde que la investigación siga su curso hasta la definición del caso y por ello, votó por retirarle los fueros e iniciar la investigación en su contra.
El ministro primero confirmó que “el hecho de que se atribuya a una magistrada la comisión de un hecho punible es grave para la imagen del Poder Judicial”.
Sin embargo, sostuvo que “no existe necesidad de pedir la suspensión de la jueza”.
Para fundamentar su postura, hizo un recuento del caso. Recordó que a la jueza Librada Peralta se le atribuye haber falsificado supuestamente un documento para presentarse a un concurso del Consejo de la Magistratura, “en donde lo único que podría obtener es 20 puntos más”.
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La magistrada fue confirmada en el cargo en el 2022 y la carga de aumento de puntaje se hizo en el 2023 y ella se habría presentado a concurso nuevamente en el 2024.
Como el hecho ya ocurrió hace tres años, entonces mencionó que no corresponde la suspensión.
El caso
El Consejo de la Magistratura había hecho un reporte ante el Ministerio Público de que se presentaron falsificaciones para varios concursos públicos.
A raíz de esa denuncia, el fiscal de Anticorrupción Leonardi Guerrero imputó a la jueza de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta; al ex juez Mario Brítez; la ex actuaria Shirley Paola Irala y el asistente fiscal Fredy Rolón Villalba.
Estos habrían adulterado un certificado de especialización en Derecho Procesal Penal dentro de concursos públicos en el Consejo.
Junto a ellos, fueron imputados el funcionario del Consejo de la Magistratura, Rafael Prieto, y otro de la Escuela Judicial, Rodrigo Ávalos, en calidad de cómplices.
Con antecedentes
El hecho detectado alarmó al sistema de Justicia y a los diferentes gremios a raíz de la vulnerabilidad que se verificó.
También se descubrió que una de las imputadas, la ex actuaria Shirley Irala, ya había sido imputada en el 2016, por supuestamente sacar y hurtar hojas de un expediente siendo actuaria. Sin embargo, se desconoce cómo terminó el caso.
Cruce entre ministro y fiscal
El ministro de la Corte Víctor Ríos había criticado fuertemente la actuación del fiscal Leonardi Guerrero en la causa, porque, supuestamente, ya pasó una semana desde la imputación y a la jueza se le sigue negando el acceso a la carpeta fiscal y que tampoco la recibió.
El fiscal le respondió, diciendo que verificó que la jueza Librada Peralta Céspedes no solicitó intervención ni acceder a copias de la carpeta fiscal.
Mencionó que tampoco fue hasta su unidad en la Sede Fiscal N° 1.
