El presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Enrique Bacchetta, dispuso una investigación preliminar y solicitó los expedientes del caso de lesión de confianza del que fue sobreseído el político cartista Javier Zacarías Irún.
El documento solicita que se remita al órgano contralor, además del expediente judicial, el cuaderno de investigación fiscal en un plazo de 48 horas.
La investigación se inicia tras las críticas en rechazo a la postura de la jueza penal de Garantías, Cinthia Garcete, quien excluyó las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público por supuestas deficiencias, y alegó que la acusación contra el legislador es por el año 2017, ejercicio fiscal en el que no hubo acusación contra los supuestos autores de la lesión de confianza.
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También otorgó el sobreseimiento a Alberto Rodríguez, ex intendente de Ciudad del Este, y el sobreseimiento provisional para otros siete acusados en esta causa que investiga el presunto desvío de fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este por valor de G. 2.100 millones, a través de la firma Frontera Producciones, para una campaña política de la familia Zacarías Irún.
La magistrada del caso fundamentó su resolución en irregularidades en el trabajo de los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce, encargados de la investigación.
Señaló una serie de irregularidades en el cúmulo probatorio presentado por el Ministerio Público y que estas no ameritan que la causa se eleve a juicio oral, por considerar una orfandad probatoria luego de haber analizado minuciosamente las pruebas, ya que algunas son ilegales y otras nulas.
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Mencionó que para no extinguir la causa, el juzgado consideró darle un tiempo al Ministerio Público, para presentar correctamente los documentos.
Por su parte, el Ministerio Público anunció que apelará a la decisión judicial y para ampliar esta posición convocó a una conferencia de prensa este martes. Los fiscales aseguraron que la causa debe ser debatida en un juicio oral y público y afirmaron que ese es el estadio donde se debe analizar el mérito de la pruebas presentadas por los investigadores.
Para los agentes existen “muchísimos elementos probatorios” que apuntan a la culpabilidad de los Zacarías y los demás procesados.
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La investigación del Ministerio Público, en la que sobreseyeron a los políticos, apunta a que Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod se encuentran involucrados en un supuesto desvío de dinero público para utilizar en propaganda electoral y compra de inmuebles en el exterior.
El caso conocido como Frontera Producciones detalla que a través de supuestos contratos publicitarios se hacían subcontrataciones con otras empresas de publicidad manejadas por familiares del ex jefe de prensa de la Comuna.
El caso salió a la luz cuando la Comuna de Ciudad del Este fue intervenida y fue McLeod destituida por el Congreso Nacional.
