Con cinco votos a favor y dos en contra, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sancionó al juez Emiliano Rolón Fernández con un apercibimiento. El camarista fue denunciado por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por mal desempeño de sus funciones.
El Ministerio Público presentó la denuncia el año pasado contra los magistrados Emiliano Rolón Fernández y Arnaldo Martínez Prieto; sin embargo, el órgano juzgador solo analizó la actuación de Rolón Fernández, considerando que el juez Martínez Prieto renunció al cargo.
Ambos jueces fueron llevados al JEM por anular el proceso y absolver a los campesinos que habían sido acusados por la matanza de Curuguaty.
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“El apercibimiento es una sanción intermedia, que se da entre la remoción y la absolución. En este caso, por la trayectoria de Emiliano Rolón hemos tomado la decisión de una sanción, pero intermedia, de apercibimiento”, explicó el presidente del JEM, Enrique Bacchetta.
Bacchetta mencionó que a pesar de ser una sanción leve, de darse una segunda sanción podría concluir en una remoción.
Los que estuvieron a favor del apercibimiento fueron los senadores Fernando Silva Facetti y Enrique Bacchetta, los representantes de los abogados, Adrián Salas y Cristian Kriskovich, y el diputado Ramón Romero Roa.
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Entretanto, los que votaron por la absolución fueron los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia y Alberto Joaquín Martínez Simón, quien asumió este martes en reemplazo de Antonio Fretes. El único ausente fue el diputado Eusebio Alvarenga.
El año pasado, la propia fiscala general denunció a Rolón Fernández y a Martínez Prieto ante el JEM y el Ministerio Público y exigió que el comportamiento de los magistrados no quede impune, luego de que los camaristas dieran lugar al recurso de casación y revocaran la condena a los 11 campesinos sentenciados por el caso Curuguaty, el 26 de julio del 2018.
Martínez Prieto terminó renunciando al cargo, argumentando la falta de garantías por parte de la Corte Suprema de Justicia. Mientras que el tercer camarista, Cristóbal Sánchez, quien votó en contra de la absolución de los labriegos, no fue denunciado.
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La masacre se registró el 15 de junio de 2012, durante un enfrentamiento entre campesinos y policías en un cuestionado procedimiento de allanamiento en una propiedad en disputa entre el Estado y la familia Riquelme.
Tras el tiroteo murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías. El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del juicio político.
