La Fiscalía reporta cuatro detenidos en las primeras horas de las municipales 2026 en zonas de los departamentos de Alto Paraná, Guairá y Caazapá, según confirmó la fiscala Sandra Ledesma, de la Unidad de Delitos Electorales, en medio de una rueda de prensa en el marco del primer corte del centro de monitoreo del Ministerio Público.
La fiscala Estela Mary Ramírez pidió la detención de una persona por portar un carnet adulterado. En Guairá se reportó un detenido por soborno al elector, a cargo del fiscal Adolfo Ortiz.
En Abaí, Caazapá, se detuvo a una persona por destrucción de papeletas, mientras que la fiscala Vivian Coronel, de Ciudad del Este, dispuso la detención de un hombre que conducía un vehículo en el que realizaba propaganda electoral.
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En cuanto a las denuncias, la mayoría se dio por conformación de mesas, según explicaron las autoridades.
“Ciertos partidos políticos no se presentaron o no llegaron en el horario establecido por el Código Electoral para conformar las mesas y se negaban a que la mesa sea conformada como señala el Código Electoral”, explicó la fiscala Ledesma.
En las primeras horas de los comicios también se produjeron altercados por reubicación no autorizada de las máquinas de votación y resoluciones ilegales en Central, San Pedro y Alto Paraná, requiriendo la intervención de fiscales y jueces electorales.
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La Policía tuvo que intervenir en colegios electorales de Asunción, Guairá, Alto Paraná y Amambay ante altercados entre los votantes y miembros de mesa.
Por su parte, en Pedro Juan Caballero los agentes verificaron seis locales de votación luego de recibir denuncias sobre la colocación de cámaras de circuito cerrado orientadas a las máquinas de votación.
Políticos opositores denunciaron prepotencia y conflictos en la conformación de mesas de votación en la capital, Asunción. Asimismo, reclamaron la falta de presencia de la Fiscalía, en los alrededores de los centros electorales, donde supuestamente se compran votos.
Ledesma recordó a la ciudadanía que quienes incurran en prácticas como el soborno al elector por compra de cédula y otros mecanismos, como inducción al voto o falsificación de documentos electorales, se exponen a una sanción que puede derivar hasta en cinco años de cárcel.
