Arnaldo Martínez Prieto iba a cumplir en agosto 29 años en su cargo de camarista en lo Civil y Comercial. Hace una semana renunció por la falta de apoyo de la Corte Suprema de Justicia. Él y Emiliano Rolón Fernández fueron llevados al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por anular el proceso y absolver a los campesinos que habían sido acusados por la matanza de Curuguaty. Hace seis meses presentó una acción de inconstitucionalidad contra su enjuiciamiento, que la Corte hasta ahora no llegó a tratar.
–¿Por qué renunció?
–Bueno, es importante aclarar que no es que yo renuncié porque el Jurado podía destituirme. A mí me tiene sin cuidado lo que diga el Jurado, porque es un accionar absolutamente inconstitucional. En verdad, lo que decidió mi salida es la falta de respaldo de la Corte, no a mí, sino a todo el Poder Judicial, porque enjuiciamientos de esta naturaleza atentan contra la independencia del Poder Judicial y la inmunidad que tiene que tener un juez por las opiniones que emita en sus resoluciones. Si es que la Corte daba una señal de que eso era inconstitucional iba a ser un beneficio para todos, independientemente de que yo me quede o de que yo salga.
–¿Qué pasa con su acción de inconstitucionalidad?
–Aunque yo me retire, una cuestión inconstitucional no puede ser desistida, no puede ser allanada. Igual la Corte tiene que resolver. Entonces, yo me voy y que resuelvan en defensa de la institucionalidad y de la independencia de los poderes, que no aleguen mi ausencia para archivar el expediente. Este es un pleito que debe ser resuelto en 30 días, y seis meses después ni siquiera estaba integrada la Sala Constitucional.
–En el caso Curuguaty tres camaristas integraron la Corte por la inhibición de los ministros.
–La Corte normalmente no asume la responsabilidad de resolver los pleitos grandes. Digo grandes en términos generales. Pueden ser de contenido científico difícil o de acuerdo con quiénes sean los interesados. Yo supongo que ellos deben favores; entonces, no se atreven a decir cosas que pueden afectar esos favores. Normalmente se inhiben. Casos muy importantes para la República hemos tenido que resolver en tribunales de menor jerarquía, integrando la Corte Suprema.
–A dos de ustedes se les envía al Jurado por ese fallo; sin embargo, ningún ministro de Corte podría ser llevado al Jurado de Enjuiciamiento por una sentencia.
–La inmunidad constitucional, el artículo 255 de la Constitución, alcanza desde el juez de paz al presidente de la Corte. Ninguno de los jueces, en ninguna jerarquía, puede ser interrogado por sus opiniones. ¿Quién sanciona o controla las actividades del Poder Judicial? Desde Cámara de Apelaciones para abajo, el Jurado de Enjuiciamiento, y a la Corte, el juicio político. Lo que aquí se ha dado es que quienes, como yo, integramos la Corte para resolver el caso Curuguaty, fuimos denunciados ante el Jurado y el Jurado acepta la competencia. Entonces, se plantea el inmenso interrogante: ¿pero si ellos fungieron de miembros de Corte con todas sus atribuciones, no sería legal o legítimo por lo menos que sean investigados por el juicio político? Yo no incluí ese tema en mi inconstitucionalidad para no hacerla más densa, pero bien claro puse eso. Mi acción se sustenta en el artículo 248 de la Constitución, que no se puede atentar contra la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial no es la autarquía ni la parte administrativa. La independencia es la que tiene que tener un juez libre de presiones para poder resolver sin ningún tipo de temores.
–¿Por qué los ministros esquivan los casos difíciles?
–Esquivan es un término bastante suave. Se esconden luego, no es que esquivan. Inventan cualquier motivo para no estar en el juzgamiento. No creo que lo hagan con la intención de mandarnos a nosotros al enjuiciamiento. Ellos piensan en sí mismos. Y se da el caso tan anecdótico en el caso Curuguaty que los dos miembros de la Corte, representantes ante el Jurado que se habían apartado del caso Curuguaty diciendo “por motivo de decoro no puedo atender”, sin expresar un motivo, ellos suscriben nuestro enjuiciamiento. Son Gladys Bareiro y Raúl Torres Kirmser.
–Después del escándalo de audios y la salida de Óscar González Daher, los miembros del Jurado hablan de un proceso de renovación. ¿Le parece cierto esto?
–La mayoría de los miembros del Jurado, en su composición actual, estaban cuando González Daher era presidente. Yo no voy a creer jamás que ellos no sabían lo que hacía González Daher. Eran cómplices por omisión. A mí no me van a decir que esos miembros del Jurado no se enteraron de lo que hacía González Daher. Claro que sabían, si nosotros en la calle sabemos, sobre todo los magistrados que sufren presiones del Jurado para obtener beneficios en los pleitos. A mí particularmente no me pasó, porque tengo la virtud de que nadie me llama, porque nunca he dado nada, entonces nadie me llama. ¿Pero acaso la ciudadanía duda de que los miembros del Jurado están ahí para presionar y obtener beneficios?
–Ahora que no es más magistrado, ¿qué puede decir de la investigación que hizo la Fiscalía del caso Curuguaty?
–El otro día en un programa de televisión me preguntaron cuál fue el pleito más difícil que tuve. Entonces me puse a pensar: Ycuá Bolaños fue una cuestión muy compleja desde el punto de vista social y emocional, pero del punto de vista jurídico no me costó mucho. Los casos de La Plaza, el magnicidio y los amparos que planteó Oviedo no me fueron muy complicados. Es cuestión de sentarse un día, apagar el teléfono, bajar los libros, charlar con gente entendida en materia penal, porque yo soy juez civil. Entonces, cada vez que me toca un caso penal tengo que sacar todos los libros y empiezo a consultar con mucha prudencia. Sin embargo, no me resultaron más difíciles que cualquier pleito civil. Me resultó sí complicado, les respondí, el caso de Wasmosy, ese sí me resultó más complicado. Pero, sin embargo, Curuguaty es tan fácil, era tan fácil, sigue siendo tan fácil, que cada vez que miro no puedo creer la inutilidad de la Fiscalía en su función investigativa.
–¿Por qué?
–No había ni necesidad de sopesar pruebas, porque no había pruebas. Fue una cosa absolutamente sencilla, fácil. Hablaba sola la inmensa cantidad de omisiones probatorias que se produjeron en el expediente.
–¿Qué dice de los puntos por los cuales le denuncian ante el Jurado?
–En verdad lo que la Fiscalía reveló es un manifiesto desconocimiento del orden jerárquico de las normas, porque una de las cuestiones que se me imputan es que yo apliqué la Convención de Derechos Humanos por sobre la ley; y el artículo 137 dice bien claramente que primero está la Convención y después están las leyes. No es posible que un representante de la Fiscalía no sepa esto, o no quiera saber, porque yo sé que sabe, porque la propia Fiscalía y el propio Jurado amenazan a los jueces diciendo que aplicar la convención americana, o cualquier tratado de derechos humanos, es motivo para ir al Jurado.
–En el 2011 el Jurado destituyó al juez Gustavo Bonzi por sobreseer por falta de pruebas a campesinos acusados de ser del EPP. Algunos comparan aquel caso con el suyo. ¿Le parece que se repitió la historia?
–Básicamente sí. A él lo destituyeron por resolver de una manera que a alguien no le gustaba. El juez Bonzi fue mi alumno en Concepción. Yo estuve cinco años en la magistratura de Concepción y fue alumno y funcionario mío. Entonces él –que me disculpe Gustavo, seguro que va a leer esto– en vísperas de este problema me preguntó: “¿Qué hago?”, y le dije: “Hacé lo que tengas que hacer para dormir tranquilo, pero acordate que te van a destituir”, y efectivamente fue así. Yo le dije: “Mirá, acordate que es la almohada la que te va a acompañar, hacé lo que te parezca”. Esa decisión del Jurado también corrompió la posibilidad de libertad de los miembros del tribunal que tenían que revisar la decisión del juez Bonzi.
