Fue el ministro de la Corte Suprema de Justicia César Garay el que recomendó que se abra el plazo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM) para decidir si se inicia o no una investigación de oficio. Recién el 2 de octubre de este año se cumple el tiempo para definir.
El JEM se hizo eco de la publicación de ÚH del 2 de setiembre, en donde se evidenciaban los padecimientos que sufrió Sandra Isabel Cárdenas, profesora de Matemáticas de Caacupé, cuyos bienes fueron embargados varias veces, lo cual le produjo una enfermedad que la dejó en cama.
La docente denunció el hecho en setiembre del 2024 en la Fiscalía de Villa Elisa, donde iniciaron los dos juicios en su contra.
La causa cayó en la Unidad N° 2 de esa ciudad, que hoy está a cargo de la fiscala Fany Aguilera.
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La última diligencia que se hizo fue en diciembre del 2024, cuando la llamaron para que se ratifique en su denuncia y luego de dos años, los mismos funcionarios confesaron que no se hizo nada y que iban a “buscar” el expediente.
Las deudas inventadas
A Sandra Cárdenas ya se le descontaron G. 34.112.616 en dos juicios en Villa Elisa y hay riesgo de que continúen los embargos.
Primer juicio. El primer embargo fue en abril del 2021. Le empezaron a debitar G. 1.439.527 mes tras mes y como era en plena pandemia, le costó muchísimo conseguir el dato de dónde venía el embargo.
Tras un largo ir y venir, le proveyeron el expediente del juicio en su contra en el Juzgado de Villa Elisa.
El que le demandó fue Juan Manuel Aponte Verón, a quien ella no conocía. Al revisar el pagaré no reconoció: “Al instante, me di cuenta de que no era mi firma”, recordó en la entrevista.
Ese pagaré tenía campos incompletos, lo que permitió que le pudieran hacer otro juicio con el mismo documento, pero ya completado.
En ese embargo le sacaron G. 10.590.800. Después de dos años, vino otro embargo, con el que le sacaron G. 11.136.146, que eran intereses del juicio.
En el 2023, se le diagnosticó neuralgia del trigémino, una infección de los nervios del cerebro lado derecho, por lo que permaneció en cama durante dos meses.
Segundo juicio. En julio del 2024, llegó el embargo de otro juicio. Esta vez, el demandante fue Juan Francisco Mendoza Romero, a quien tampoco ubicaba.
Esa vez le sacaron G. 10.590.800. El pagaré tenía como dirección “Caacupé Centro”, nada más y de igual manera, la jueza Martha Beatriz Benítez aceptó esas notificaciones y tuvo como que Sandra no quiso presentarse ante el Juzgado, pese a que nunca le llegó ningún documento.
