El funcionario Diego Emmanuel Giménez admitió haber recibido G. 1.700.000 de un local gastronómico, aunque negó que se tratara de una coima y afirmó que realizó una gestión particular a pedido de otras dos personas, a quienes se negó a identificar.
Tras la denuncia penal presentada por los candidatos a concejales Bruno Martínez y Maximiliano Seiferheld, devolvió G. 1.000.000. Los denunciantes sostienen que el dinero está ligado a un presunto esquema de cobros irregulares en la Dirección de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Asunción, que estaba bajo la dirección de Carlos Morel, actual candidato a concejal de la ANR, cuando se realizaron los cobros.
“No era coima, era una gestión que yo vine a hacer”, afirmó Giménez ante los cuestionamientos. Además de tratarse de una gestión particular, él es funcionario de la Municipalidad de Asunción.
“Vos sos funcionario de la Municipalidad”, le reclamó Seiferheld, quien cuestionó que un trabajador municipal haya recibido dinero de un comerciante por una gestión vinculada, según la denuncia, a trámites y fiscalizaciones de la institución.
El intercambio se produjo luego de que Martínez y Seiferheld presentaran una denuncia ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. La presentación está acompañada de conversaciones de WhatsApp y comprobantes de tres transferencias que totalizan G. 1.700.000 y que fueron realizadas a cuentas vinculadas a Giménez Solís.
Durante la confrontación, Martínez le reclamó al funcionario por el dinero recibido y le preguntó cuánto había devuelto. Giménez Solís respondió que había restituido G. 1.000.000 y que luego entregaría los G. 700.000
“Vos sabés cuánto le cuesta a esta gente conseguir esos G. 1.700.000”, le cuestionó Martínez, en referencia al comerciante que realizó las transferencias.
El candidato sostuvo además que la investigación debe alcanzar a quienes eventualmente hayan ordenado o utilizado al funcionario para realizar estas gestiones.
“Te usaron, hermano”, le dijo Martínez, al tiempo de insistir en que debía identificar a las personas que, según su propio relato, le habrían indicado realizar el trabajo.
Giménez manifestó durante el intercambio que dos personas le habían pedido que realizara la gestión. Ante esto, Martínez y Seiferheld le exigieron que individualizara a esas personas. “Tenés que dar nombre de las dos personas que vinieron”, le reclamaron.
En otro momento, Martínez le advirtió que la investigación no debía concentrarse únicamente en el funcionario, sino también alcanzar a quienes eventualmente se encuentren detrás de las gestiones.
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“Tienen que caer los directores y las personas que te mandaron”, afirmó. El funcionario, por su parte, insistió en que no formaba parte de un esquema irregular y expresó su preocupación por la difusión pública de su nombre y del video.
“No soy parte del esquema”, sostuvo Giménez. Ante ese planteamiento, Martínez le remarcó que la denuncia era precisamente lo que había permitido que el caso saliera a la luz y que, sin esa presentación, el dinero posiblemente no habría sido devuelto. “Si nosotros no hacíamos esto, vos no le ibas a devolver la plata”, le manifestó.
La denuncia
La denuncia penal sostiene que existiría un presunto esquema de cobros irregulares vinculado a fiscalizaciones de la Dirección de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Asunción. Los denunciantes afirman que comerciantes serían contactados luego de supuestas verificaciones y posteriormente se les ofrecerían gestiones para solucionar o agilizar trámites a cambio de dinero.
Los pagos documentados corresponden a tres transferencias: G. 750.000 el 13 de abril, G. 750.000 el 16 de abril y G. 200.000 el 23 de junio de 2026, por un total de G. 1.700.000.
Los conceptos consignados en los comprobantes bancarios hacen referencia a “Pago Municipalidad Documentos”, “Pago doc. municipal” y “Pago Municipalidad”.
Los denunciantes sostienen que estos pagos no ingresaron a las arcas municipales y fueron derivados a cuentas privadas. La Fiscalía deberá determinar ahora cuál fue la causa real de las transferencias, qué servicio fue efectivamente prestado, si existieron fiscalizaciones municipales y si Giménez Solís actuó por cuenta propia o siguiendo instrucciones de otros funcionarios o personas vinculadas a la institución.
La presentación también solicita identificar a las personas mencionadas durante la confrontación como quienes habrían enviado al funcionario a realizar la gestión.
Los denunciantes apuntan además a la Dirección de Defensa al Consumidor y señalan que los hechos documentados se produjeron cuando Carlos Morel, actual candidato a concejal por la ANR, se desempeñaba como director de la dependencia. Esta vinculación también deberá ser esclarecida por la investigación fiscal.
