“Implicó un golpe profundo para la democracia paraguaya, poniendo fin a la primavera democrática iniciada con la victoria del 20 de abril del 2008", expresó el Frente Guasu en un comunicado.
El triunfo de Fernando Lugo en los comicios de 2008 desplazó la hegemonía del Partido Colorado (conservador), que gobernaba desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y había apoyado ese régimen.
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En 2012, cuatro años después de que Lugo obtuviera la Presidencia, fue destituido en un juicio parlamentario, luego de un operativo policial para un desalojo de tierras en Curuguaty (sureste) que se saldó con la muerte de seis policías y 11 campesinos.
Fue el motivo por el que el 22 de junio de 2012 la Cámara Alta le declaró culpable por mal desempeño de sus funciones y el Gobierno cayó en manos de su vicepresidente, el liberal Federico Franco, que gobernó hasta agosto de 2013.
Desde entonces el Frente Guasu se refiere como “golpe” a esa destitución.
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“Aquel golpe resulta un hecho fatídico, porque además de haber pisoteado la voluntad popular, fue concretado sobre la sangre de compatriotas paraguayos, que unos días antes habían caído en aquella matanza de Curuguaty”, agregó el comunicado de este martes.
El Frente Guasu también sostuvo en la nota que se trató del “producto de una conspiración” para desestabilizar al Gobierno y “crear las condiciones para dicho juicio político exprés”.
Y añadió que una década después la formación opositora mantiene “los anhelos de transformación” que llevaron a Lugo al poder en 2008.
El Frente Guasu rememoró en su comunicado los avances logrados durante sus cuatro años en el poder, como el Acuerdo Lugo-Lula, con el entonces presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sobre la represa hidroeléctrica de Itaipú, compartida por ambos países.
Así como en materia de salud, los programas sociales y la distribución de tierras para los sectores campesinos, de acuerdocon el comunicado.
Una decena de campesinos fueron condenados por lo que se conoció como la “matanza de Curuguaty”, aunque la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia en julio de 2018 y dejó en libertad a los presos, que cumplían penas de entre cuatro y 30 años de prisión.
