“Creo que en muchos casos no se puede hablar de una simple negligencia, porque hay incumplimientos informales que fueron detectados por funcionarios”, señaló René Fernández durante una entrevista en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.
Fernández, quien fue designado como miembro de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras de Covid-19, mencionó que ya se encuentran identificados los funcionarios que participaron del proceso de contratación de los insumos médicos rechazados y que existen responsabilidades administrativas como mínimo.
“Existen desprolijidades e irregularidades administrativas durante el proceso por parte de funcionarios que tenían que haber aplicado las normativas para este tipo de convocatoria”, comentó.
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Refirió que las vulnerabilidades del sistema de compras públicas fueron aprovechadas por estos funcionarios para llevar a cabo estos procesos.
“El resultado de ese incumplimiento normativo por funcionarios encargados de llevar adelante esta contratación y lo que corresponde a los proveedores que traen estos productos con base en estos contratos son estos insumos que no reunían las especificaciones técnicas”, lamentó.
En ese sentido, explicó que cada institución pública cuenta con una unidad operativa de contrataciones, que es la encargada de hacer la planificación y el proceso de convocatoria, que debe culminar con el resultado del proceso y entregar toda la documentación, entiéndase ofertas, procesos de impugnación, consultas, y toda documentación presentada a otro órgano que es el comité de evaluación.
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“El comité de evaluación, que es independiente al proceso previo, es el que tiene que analizar los documentos y el que tiene que emitir una recomendación con base en la documentación. Esa recomendación o dictamen es trasladada a la máxima autoridad institucional que en la mayoría de los casos requiere de un dictamen previo, de una asesoría jurídica y financiera que finalmente tiene ese rol de volver a hacer un chequeo de todo el proceso, dictaminar favorable o desfavorable y finalmente la última decisión tiene la máxima autoridad”, detalló el ministro.
Para Fernández es un hecho que las compras por la vía de excepción relaja los controles jurídicos, por lo que la Comisión Especial recomendó que las compras por las vías de excepción sean la última opción y que estén fundadas en una urgencia impostergable.
Además, sugirieron que este modo de adquisición no se use cuando sean compras regulares que pueden estar sujetas a otro tipo de contrataciones.
Por su parte, Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y quien también integra la comisión, reconoció que dentro del proceso de contratación puede estar detrás un padrinazgo político, por lo que afirmó que no apañarán a nadie.
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La adquisición de insumos y camas en el marco de la lucha contra el coronavirus (ID 382.317), que llevó adelante el Ministerio de Salud Pública, estuvo viciada de irregularidades en todas sus etapas, según un informe de Contraloría.
Los insumos, como camas, insumos varios y equipos de protección, tan esperados que llegaron incluso con atraso, finalmente, no reunieron las especificaciones solicitadas por la institución.
La adjudicación total fue por un monto de G. 85.220 millones, de los cuales G 37.268 millones corresponden a un contrato con la firma Eurotec, empresa que está vinculada a la otra adjudicada, Imedic SA.
