El Instituto de Previsión Social (IPS), creado como pilar de la seguridad social y del bienestar de la clase trabajadora, atraviesa una condición crítica. Esta situación trasciende la mera ineficiencia operativa y se configura como un caso de “captura del Estado”, es decir, un proceso en el cual una institución desvía sus objetivos misionales para responder a intereses corporativos, clientelares y financieros privados. El resultado es un perjuicio directo para el asegurado y su familia, quienes sostienen el sistema con sus aportes pero reciben un servicio de salud precarizado y deshumanizado.
Uno de los mecanismos utilizados para el vaciamiento económico de la previsional radica en la política de tercerizaciones y el arrendamiento de insumos y equipos médicos. Si bien la literatura en gestión pública sugiere que la externalización de servicios puede optimizar costos cuando existe competencia y fiscalización rigurosa, el diseño e implementación de estos esquemas en el IPS se dio bajo una lógica inversa, justamente, sin garantizar estas dos condiciones.
La institución paga miles de millones de guaraníes por el alquiler de equipos cuyo costo de adquisición en el mercado representa apenas una fracción de lo pagado en alquiler. Esta práctica de alquilar por años en lugar de capitalizar la infraestructura pública mediante la compra de los equipos, transfiere deliberadamente recursos públicos hacia empresas proveedoras vinculadas al poder de turno.
La tercerización deja de ser una herramienta de apoyo a la gestión de salud para convertirse en un fin en sí mismo: Un mecanismo de extracción de fondos públicos trasladados al sector privado. Hay que aclarar que este mecanismo no es exclusivo del IPS, también ocurre en el Ministerio de Salud, así como en las contrataciones de seguros privados para los funcionarios públicos por parte de las entidades del Estado.
La relación del IPS con sus proveedores evidencia una asimetría de poder donde la institución asume la posición de un deudor cautivo. El desabastecimiento crónico de medicamentos esenciales e insumos básicos no responde únicamente a limitaciones presupuestarias, sino a un entramado de contratos rígidos y licitaciones deficientemente estructurados. Los proveedores adjudicados incumplen con frecuencia los plazos de entrega o las cantidades acordadas sin recibir las sanciones punitivas ni rescisiones contractuales que estipula la ley de contrataciones públicas.
Este comportamiento oligopólico se agrava por los intereses privados instalados dentro de las propias estructuras de decisión del IPS donde autoridades, ex autoridades y altos funcionarios actúan como juez y parte, facilitando adjudicaciones beneficiando sus intereses particulares a costa de los asegurados.
El desorden administrativo alcanza niveles extremos al analizar la gestión del patrimonio inmobiliario. La existencia de inquilinos que pagan alquileres irrisorios o adeudan alquileres por años sin procesos de desalojo ni intimaciones judiciales es otra muestra de la captura institucional que existe en la institución.
El desangre económico se evidencia en las salas de espera, las urgencias y las farmacias de los hospitales del IPS. Existe una relación directa entre la fuga de recursos por mala gestión administrativa y el deterioro del derecho a la salud de los cotizantes. La escasez persistente de medicamentos e insumos obliga a las familias trabajadoras a incurrir en el “gasto de bolsillo”, desvirtuando el principio de protección solidaria ante la enfermedad que fundamenta a la seguridad social.
La falta de mantenimiento preventivo de los equipos para forzar contratos de alquiler de emergencia se traduce en la paralización de cirugías programadas y, en casos extremos, en una muerte temprana que además es prevenible.
Para revertir esta tendencia y restaurar la viabilidad del IPS, se requiere una reingeniería administrativa profunda que pase por la transparencia tecnológica total de las prestaciones, la persecución penal del daño patrimonial y la democratización del control institucional por parte de los verdaderos dueños de la previsional: Los trabajadores y jubilados. De lo contrario, el colapso del sistema de salud del IPS seguirá arrastrando consigo la calidad de vida y la dignidad del pueblo trabajador paraguayo.
