La Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) hizo un pedido para que la Corte Suprema de Justicia acelere los trámites para emblemáticos casos que no avanzan. Entre los casos se cuentan estafa, lavado de dinero, contrabando, enriquecimiento ilícito y producción de documentos no auténticos. Otra preocupación sigue siendo la independencia de nuestra Justicia; recordemos además la reunión secreta a la que habían asistido ministros de la Corte en la residencia presidencial con el presidente Peña y el titular de la ANR.
En nuestro país, sigue concitando gran preocupación el estado de la Justicia. No solamente está cuestionada su independencia, una condición fundamental junto con la separación de los poderes, y por eso está todavía lejos el ideal de la imparcialidad y eficiencia. Así, una justicia pronta y barata es casi una utopía.
La realidad nos habla de un elevado porcentaje de presos que no cuentan con condena, más del 70%, mientras, por el otro lado, hay personas que tienen sentencias por casos de corrupción, pero que nunca han pisado una celda. Una Justicia que sesga sus decisiones genera abusos, y arbitrariedad.
El año pasado, la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) denunciaba la falta de estructura adecuada y de tecnología para hacer frente a grandes casos de corrupción por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial, y reclamaba el bajo número de condenas en casos de millonarios delitos de corrupción. Esta vez están elevando un pedido para que la Corte Suprema de Justicia acelere los trámites para 11 emblemáticos casos que no registran novedades.
Encabeza la lista la causa 257/18 sobre Óscar González Chaves, ex concejal de Luque, condenado a cinco años y seis meses de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El hijo del fallecido ex senador colorado cartista, Óscar González Daher, recurrió a la Sala Penal de la Corte Suprema con un recurso de casación; la Sala Penal no se integra y el caso queda pendiente.
Otro caso ejemplar es el de Óscar Ñoño Núñez, ex intendente de Villa Hayes, ex gobernador de Presidente Hayes y hermano de Basilio Bachi Núñez, presidente del Congreso Nacional. En diciembre del 2024, este fue beneficiado con el arresto domiciliario luego de pasar un año en prisión y después de haber pagado una fianza de G. 53.000 millones.
El tercer caso emblemático es el de Ramón Jiménez Gaona, ex ministro de Obras Públicas y su causa es por lesión de confianza en el caso Metrobús. El año pasado la Fiscalía ratificó la acusación contra el ex ministro y pidió que vaya a juicio oral, pero la defensa solicitó la nulidad de la acusación, ya que, según ellos, operó la prescripción y pidieron el sobreseimiento definitivo de los acusados. Recordemos que Obras Públicas adjudicó la obra a la empresa portuguesa Mota-Engil en febrero de 2016 por G. 300.417 millones, y el proyecto terminó costando G. 403.900 millones, con un sobrecosto de 35% aproximadamente.
Por otra parte, hay varios casos demorados por la presentación de recursos de inconstitucionalidad, casos como los de Ostaciano López, ex director regional del Indert en Amambay (estafa), Ramón Benítez ex director del Detave (contrabando), Raúl Fernández, funcionario del Jurado de Enjuiciamiento (tráfico de influencias), Ulises Quintana, exdiputado (lavado de dinero) y Samuel González ex intendente de Arroyito (lesión de confianza).
Las demoras, las dilaciones y el desinterés no solo crean un ambiente de arbitrariedad e injusticia. Cuando se trata de corrupción pública, la impunidad castiga a todo el pueblo. Hace un par de años, se hizo el cálculo de lo que costaban los procesos fallidos a ex ministros, ex titulares de entes, ex magistrados, ex intendentes y parlamentarios, según estas conclusiones, costaban al erario público un desfalco de más de 9 billones de guaraníes o USD 1.300 millones.
Debemos defender la democracia y el estado de derecho que nunca serán plenos sin un sistema de justicia independiente. Recordemos finalmente la reflexión del cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, cuando denunciaba la ‘‘profunda crisis moral’’ en Paraguay, subrayando que la Justicia opera con ‘‘balanzas peligrosamente desequilibradas’’, atentando contra la dignidad humana.
