Las recientes declaraciones del presidente de la República sobre el ahorro de las familias al enviar a sus hijos al sistema educativo público generaron una reacción masiva de burlas y críticas en redes sociales. Esta reacción debe preocupar al Gobierno, ya que responde a una sensación de malestar por una economía que no está funcionando para generar empleos decentes y con ingresos laborales dignos y por un Estado que no brinda servicios públicos de calidad. Las burlas son un síntoma de una fractura profunda en el contrato social paraguayo.
En un contexto de múltiples tipos de pobreza, desigualdades en todas sus dimensiones, precariedad del trabajo y baja calidad de los servicios públicos, las declaraciones de figuras políticas pueden adquirir dimensiones simbólicas inesperadas.
Este fenómeno no constituye un episodio de humor digital, sino un síntoma de la desconexión entre el discurso oficial y la realidad socioeconómica de una población mayoritariamente trabajadora informal, con bajos ingresos, sin protección social adecuada para los adultos mayores y obligada a subsanar las deficiencias de los servicios públicos mediante gastos privados onerosos.
Para comprender la virulencia de la reacción es indispensable conocer el contexto.
Paraguay presenta una de las estructuras económicas más desiguales de América Latina en todos los ámbitos.
Ser mujer, habitar en el sector rural, trabajar en el sector informal, no contar con una herencia o con un salario del sector público implica una alta probabilidad de ser pobre o de vivir en una permanente incertidumbre sobre los ingresos y el consumo del mes siguiente.
Un cuarto de la población se mantiene por debajo de la línea de pobreza y alrededor del 50% de la población está por encima, pero con alto riesgo de caer por debajo de esa línea.
Los ingresos no solo son bajos, sino también inestables, destinados casi en su totalidad al consumo inmediato de bienes básicos.
La situación se agrava en los extremos del ciclo vital. La pobreza monetaria está infantilizada y el sistema de jubilaciones cubre al 10% de las personas mayores, condenando a una proporción significativa a depender de redes familiares o a continuar trabajando en condiciones precarias hasta edades avanzadas.
Paralelamente, las familias enfrentan un dilema crónico en materia de servicios públicos. La salud pública deteriorada, el transporte público costoso e ineficaz y la mala calidad de la educación pública obligan a los hogares a buscar alternativas privadas. Este “gasto forzoso” en servicios de baja calidad, pero con altos costos elimina cualquier posibilidad de ahorro sistemático.
Menos de un cuarto de las familias paraguayas envían a sus hijos a una institución educativa privada. Dentro de este grupo se encuentran quienes no necesiten ahorrar en educación, como es el caso de las familias más ricas. Otro grupo estará conformado por quienes calculan que es más costo-efectivo enviar a sus hijos al sector privado porque la institución les queda más cerca y no requieren pagar pasajes. Un tercer grupo tendrá la opción religiosa, técnica, por el aprendizaje de un idioma, por una mejor atención a la discapacidad o a necesidades especiales que el sector público no brinda.
En muchos casos no hay opción, por lo que desconocer esta situación implica una desconexión con una realidad que probablemente ya está lastimando a esas familias con consejos basados en cálculos económicos sin suficiente evidencia empírica. En este escenario, el consejo fue percibido como un insulto.
Las redes sociales se convirtieron en el escenario donde la tensión y el malestar social se tradujo en sátira.
Las burlas a los consejos de ahorro del presidente Peña son mucho más que un chiste pasajero en internet. Son un síntoma de una fractura profunda en el contrato social paraguayo.
La única respuesta legítima es tomar en serio el malestar que expresa y trabajar para reconstruir un Estado que, en lugar de proponer ahorro, garantice los derechos que hacen posible una vida digna.
