La jubilación que recibirán senadores y diputados es un desvergonzado privilegio, y como tal inaceptable. En Paraguay, una parte ínfima de la población accede a la jubilación y con el paso de los años esta situación se va a agravar. Por eso, es inmoral que diputados y senadores accedan a una jubilación diferenciada después de apenas 10 años de aporte. El Presupuesto 2026 concede G. 4.055.211.618 para la Caja de Jubilación Parlamentaria, vale decir que la jubilación vip será sostenida por paraguayos que nunca recibirán una jubilación.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso plantea la unificación de las cajas jubilatorias de sectores públicos, con un aporte de 25 años de trabajo para tener acceso a la jubilación para los estatales. Esto va a afectar a policías, militares y docentes, pero queda excluido el personal administrativo y también quedan fuera de la reforma los parlamentarios.
Este sería el plan para enfrentar la crisis que afecta a la Caja Fiscal; sin embargo, el proyecto contempla solo sacrificios por parte de la clase trabajadora, mientras que los senadores y diputados que gozan de una jubilación vip que les permite jubilarse con apenas dos periodos de aportes (10 años) serán quienes van a decidir el destino que correrá la Caja Fiscal. No solo hay una tremenda desigualdad, sino que los privilegiados decidirán el futuro de quienes deberán ajustarse el cinturón de la reforma.
Actualmente, la jubilación parlamentaria tiene como requisitos tener una edad mínima de 55 años para la jubilación extraordinaria, se debe cumplir dos periodos, que son 10 años, y la liquidación implica el 60% de los ingresos.
En el caso de la jubilación ordinaria, el requisito es completar tres periodos 15 años o más y se accede al 80%.
La jubilación vip que reciben diputados y senadores actualmente es una verdadera afrenta para los ciudadanos. Se debe considerar que los trabajadores paraguayos deben aportar durante 30 años y cumplir 60 años para poder recibir el 100 por ciento de su jubilación, mientras que un parlamentario tiene derecho a jubilarse a los 55 años, con el monto mensual de su última dieta; además, los contribuyentes también deben pagar un buen porcentaje de la jubilación de sus congresistas.
Un legislador después de 20 años (lo que equivale a cuatro periodos) podrá cobrar el 100% de su pensión, unos G. 37 millones,
Si un diputado o senador ocupa un curul por un solo periodo de cinco años, igualmente podría cobrar una jubilación reducida del 30%. Esto es un insulto al sacrificado pueblo paraguayo, pues es sabido que hay legisladores que en los cinco años de mandato se dedican a guardar un prudente y vergonzoso silencio en sus cómodos sillones.
De momento, las discusiones condujeron a que el presidente del Congreso se viera forzado a presentar otro proyecto que eleva de 55 a 65 años la edad de los legisladores para retirarse de la vida laboral, pero incluye nuevamente el salvataje estatal a la jubilación vip. Así lo había admitido la presidenta del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo, Blanca Lila Mignarro, quien reconoció que la intención es volver a incorporar este ítem que se había eliminado con la Ley 6496/2020: “Lo que procuramos es recuperar ese 7% que el Estado paraguayo le paga a todas las cajas”, justificó.
Es necesario contar con seguridad social, pues es el más importante mecanismo para evitar caer en la pobreza y en el abandono en la vejez. Para un trabajador o un obrero que ha trabajado por tres décadas es más que justo que después de una vida de trabajo pueda recibir una jubilación que le permita vivir una vida digna.
Precisamente por las mismas razones resulta ya intolerable que paraguayos y paraguayas deban mantener con sus impuestos los privilegios de una clase política indiferente ante los problemas y sufrimientos del pueblo.
Frente a la realidad de crisis de la seguridad social en nuestro país, urge que el Gobierno garantice el acceso a este derecho. No caben dudas de que son necesarias las reformas, sin embargo estas deben partir del diálogo e informando adecuadamente a la sociedad. Por sobre todo, no se deben permitir más privilegios y menos todavía aquellos que deban ser financiados por la clase trabajadora.
