El pasado 13 de mayo, apoderados de la disidencia colorada presentaron oficialmente al Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Partido Colorado un documento en el que manifiestan su desaprobación con el proceso electoral debido a que no se cumple con la auditoría de las máquinas de votación que se utilizarán.
Se trata de la nota polémica a la que hacen referencia los dirigentes de Honor Colorado para manifestar su tajante rechazo a cualquier intento de postergación de las internas. El documento, firmado por los apoderados generales de diversos movimientos internos, solicita formalmente la suspensión inmediata de las siguientes etapas del proceso electoral hasta tanto se lleve a cabo la auditoría.
En el cuerpo del urgimiento, los apoderados denuncian que la auditoría de software es una “etapa previa obligatoria” que no ha sido realizada, lo que configura un “incumplimiento manifiesto de las reglas previamente fijadas” en el cronograma electoral vigente. Sostienen que avanzar sin este control implicaría la “convalidación por parte del TEP de un procedimiento irregular”, afectando derechos fundamentales de rango constitucional.
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Hablan de la falta de una auditoría técnica integral de hardware y software de las máquinas de votación, la cual estaba prevista originalmente para febrero de 2026 y fue suspendida de manera irregular a través de un mensaje de WhatsApp, según la denuncia.
Según el informe técnico, la jornada realizada el 8 de mayo denominada auditoría de software y hardware “no constituyó una revisión técnica integral ni mucho menos una auditoría técnica de hardware y software”, calificándola meramente como una “demostración didáctica y operativa básica”.
Los técnicos de los movimientos señalan que el procedimiento realizado no implicó acceso al código fuente del software electoral; no constituyó auditoría criptográfica y tampoco determinó técnicamente si el sistema es seguro, íntegro y confiable.
Según los firmantes, entre los que se encuentran los abogados Lidio Franco, Juan Villalba, Sergio Coscia y Roberto Zapattini, la verificación realizada el pasado 8 de mayo de 2026 fue simplemente una “demostración didáctica” y no una auditoría real, ya que no permitió el acceso al código fuente ni garantizó la seguridad informática del sistema.
Cabe señalar que la primera nota fue enviada el 29 de abril y el 13 de mayo se remitió un urgimiento.
Gravedad institucional
Los apoderados advierten que avanzar con el cronograma sin cumplir con este paso obligatorio vulnera principios constitucionales de legalidad y transparencia. Sostienen que la omisión de la auditoría genera una situación de “gravedad institucional” que compromete la validez de las elecciones previstas para el 7 de junio de 2026.
El documento concluye con una reserva de acciones legales y la exigencia de que el TEP fije una nueva fecha para la auditoría antes de continuar con cualquier otra etapa del proceso. Esta solicitud es la que ha generado la fuerte reacción de los sectores que consideran que no se debe detener el cronograma electoral a estas alturas.
Los apoderados de los movimientos disidentes, tanto Cecilia Pérez de Colorado Añetete como Juan Villalba de Fuerza Republicana, aseguran que no buscan la postergación de las elecciones internas previstas para el 7 de junio.
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En tanto, el director de Gabinete de la ANR, Eduardo González, indicó que los apoderados de la disidencia, “pidieron al TEP la paralización de los plazos electorales y eso incluye las elecciones”.
Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el director de la Unidad de Procesos Electorales del TSJE, Carlos María Ljubetic, indicó que no es posible suspender las elecciones y precisó que aún no existe una resolución de la institución con respecto al pedido de auditoría.
