06 jun. 2026

Senador Nakayama pide investigar títulos de funcionarios del Senado ante sospechas de falsificación

El senador independiente Eduardo Nakayama solicitó al presidente de la Cámara Alta, Basilio Bachi Núñez, que instruya a la Dirección de Talento Humano a remitir un informe detallado sobre las bonificaciones y demás beneficios vinculados a títulos académicos.

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El senador independiente Eduardo Nakayama.

Foto: Gentileza

Mediante una solicitud presentada por el senador Eduardo Nakayama al titular del Congreso, Basilio Núñez, se busca conocer la cantidad total de funcionarios que perciben bonificaciones, suplementos salariales o cualquier otro tipo de beneficios especiales por poseer títulos de grado, posgrado o especializaciones.

El pedido pone especial énfasis en aquellos funcionarios que cuentan con títulos cuya “autenticidad o validez resulta dudosa”, mencionando específicamente a la Universidad Sudamericana, teniendo en que cuenta que esta institución se encuentra bajo sospecha por denuncias sobre la presunta falsificación y comercialización de títulos.

El hecho salió a luz luego de la polémica designación del ex senador Hernán Rivas como miembro y posteriormente como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) con un presunto título falso de la Universidad Sudamericana.

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Nakayama exige una verificación exhaustiva de la existencia de certificados de estudios, analíticos y diplomas originales. Precisó que de detectarse inconsistencias, irregularidades o ausencia de documentación fehacientes se solicita que se realicen las denuncias ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

Asimismo, el senador solicita que de hallarse indicios de hechos punibles, como el cobro indebido de bonificaciones, falsedad de documentos públicos, enriquecimiento ilícito o cualquier otra figura penal, se denuncie de inmediato ante el Ministerio Público para que se investigue y sancione a los responsables.

En la nota señala que esta iniciativa se fundamenta en la necesidad de “preservar la transparencia, la probidad y el correcto uso de los recursos públicos, así como en la obligación institucional de velar por la idoneidad y honestidad de quienes integran la administración legislativa”.

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