Una gran indignación se generó en redes sociales y entre profesionales de medios de comunicación, luego de que la periodista guaireña Mabel Portillo Vázquez fuera denunciada por la intendenta de Yataity, Gloria Duarte, por supuesta violencia de género en su contra.
Según informes, la periodista habría hecho una publicación en el portal Guairapress, medio para el que trabaja, con referencia al muro de contención construido por la municipalidad de Yataity, y que posteriormente fuera destruido por las intensas lluvias registradas en dicha ciudad en el mes de abril del año pasado, y donde la intendenta, Gloria Duarte, supuestamente se habría comprometido a reconstruirlo.
En la publicación hecha por la periodista solamente se habla de obras públicas y de qué forma era utilizado el dinero de la institución municipal, cosa que, aparentemente, habría molestado a la intendenta y por ende, realizó una denuncia en contra de la profesional de la comunicación.
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En dicha denuncia, Duarte asegura que la publicación realizada por Portillo la afectó sicológicamente, y por ello, la acusó por violencia de género, basándose en la ley 5.777/16.
La jueza de paz Rosa Isabel Alderete determinó que la periodista no podrá acercarse a la intendenta, ni perseguirla ni hostigarla a través de medios digitales, ya sean llamadas telefónicas o mensajes vía WhatsApp, Facebook o Instagram. La determinación tomada por la jueza causó indignación entre los colegas de la afectada, alegando que la causa sería una censura al trabajo periodístico de la misma.
Por su parte, el abogado Ezequiel Santagada señaló que esta medida emanada del Juzgado, tras la denuncia por violencia de género por parte de la intententa guaireña contra la periodista Mabel Portillo, busca amedrentar a la comunicadora en una suerte de “censura sin pudor”.
En redes sociales son muchas las quejas en torno a la denuncia formulada por la intendenta municipal guaireña. Algunos cibernautas señalan que la jefa comunal estaría empleando supuestamente la Justicia para censurar o callar las denuncias sobre la utilización de los fondos municipales y que la medida dictada ahora por el Juzgado se ampararía en una ley de protección a las mujeres que estaría mal interpretada.
