El abogado Federico Campos López Moreira, en representación de Dionicia Maíz Orellana, presentó una denuncia formal y acusación ante el JEM contra el magistrado Carlos Alberto Lezcano Fernández, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Ciudad de Filadelfia, Circunscripción Judicial de Boquerón. Sin embargo, hasta el momento no se estudió el caso.
Campos López Moreira urge que el Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados trate la causa debido a que la familia sufrió un desalojo y consideró que el juez Lezcano cometió una “aberración jurídica”.
El conflicto se originó tras la emisión de la Sentencia Definitiva N° 171, fechada el 4 de setiembre de 2024, en el marco del expediente “Estancia Rancho Uno Sociedad Anónima s/ Acción Puramente Declarativa”. Según la denuncia, el juez Lezcano Fernández habría distorsionado la figura jurídica de la acción puramente declarativa para otorgar derechos que solo podrían ser canalizados a través de juicios de reivindicación o usucapión, los cuales poseen procesos legales distintos.
La resolución cuestionada declara la firma Estancia Rancho Uno SA como propietaria y poseedora de un inmueble de más de 9.000 hectáreas ubicado en el distrito de Mariscal Estigarribia, del Departamento de Boquerón, Chaco. Asimismo, el magistrado decretó una medida cautelar de prohibición de innovar y ordenó el acompañamiento de la fuerza pública para impedir el ingreso de terceros al predio.
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La defensa de Maíz Orellana sostiene que esta decisión representa un “peligroso híbrido jurídico” que equivale a un desalojo irregular, afectando gravemente a su cliente, quien asegura ser la poseedora pacífica y constante de una fracción importante de dichas tierras. La denuncia enfatiza que la afectada tiene varios procesos judiciales en curso (interdictos y usucapión) ante el Juzgado Multifuero de Mariscal Estigarribia, los cuales no habrían contado con la misma celeridad procesal que el caso de la empresa ganadera.
En el escrito presentado ante el JEM, el abogado Campos López Moreira califica la sentencia como una “auténtica aberración jurídica” y un procedimiento “pretoriano” extraño al sistema procesal paraguayo. Argumenta que, según el artículo 99 del Código Procesal Civil, una acción declarativa debe limitarse a constatar la existencia o inexistencia de una relación jurídica, y no utilizarse para otorgar la posesión de un inmueble a quien “nunca tuvo título ni realizó actos posesorios”.
La defensa solicita al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que, tras los trámites de rigor, se proceda a la remoción del juez Carlos Alberto Lezcano Fernández de su cargo, alegando una “grave ignorancia o desacato” a las normas constitucionales y procesales que garantizan la imparcialidad judicial y el derecho a la propiedad privada.
Los abogados de la familia acusan al senador Alfonso Noria (ANR) de haber promovido el desalojo y el legislador niega los hechos.
Noria negó totalmente haber realizado el desalojo. Comentó que alquila algunas propiedades de la zona e incluso acusa a la familia Maíz de invadir tierras en esa zona para luego promover juicios de usucapión. “Categóricamente es mentira que yo haya ido a desalojar. Me acusan y yo no tengo nada que ver con eso ahí”, manifestó.
