La familia Maíz denunció públicamente una serie de supuestas usurpaciones ilegales en la ribera del Pilcomayo, en la zona de Agropil, Departamento de Boquerón. Señalan como responsables al senador colorado Alfonso Noria y a la firma del ciudadano menonita Hans Arno Enns, Rancho Uno SA, con el apoyo del juez Carlos Alberto Lezcano.
El juez Carlos Alberto Lezcano dictó la Sentencia Definitiva Nº 171, con fecha 4 de setiembre de 2024, en el marco del expediente “Estancia Rancho Uno SA s/ Acción Puramente Declarativa”.
Tras la sentencia dictada, el representante legal de la firma Rancho Uno SA logró ingresar al inmueble en disputa con acompañamiento policial, permitiendo que trabajadores a su servicio realizaran diversas tareas agropecuarias dentro del predio, menciona la denuncia.
“Sin embargo, esta acción habría generado un grave perjuicio a los derechos adquiridos de Dionicia Maíz Orellana, quien mantiene una posesión pacífica y constante sobre una parte importante de la propiedad afectada”, resalta.
Campos sostuvo que el denunciado magistrado ha distorsionado la figura de la acción puramente declarativa, para otorgar al peticionante, la firma Estancia Rancho Uno SA, “atribuciones absolutamente improcedentes e ilegales”.
El abogado Campos accionó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y solicita que el juez Carlos Alberto Lezcano sea removido del cargo. “Utilizó una sentencia declarativa y las sentencias declarativas en el Paraguay solo se hacen cuando hay una duda sobre la aplicación de una ley en un municipio, en una cuestión interpretativa que un juez está obligado a hacer si se le pregunta y la obligación que tiene el juez es declarar, no imponer medidas”, manifestó.
Indicó que si el JEM hace lugar a la denuncia, el caso vuelve a foja cero y la familia Maíz podrá utilizar de vuelta la parte de la propiedad desalojada. “Si se le echa por esa resolución, quiere decir que esa resolución es inválida”, explicó.
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Agregó que con esa trampa utilizan esa resolución y en la sentencia hace un análisis totalmente irregular, totalmente equivocado. “Como decimos los abogados, un análisis que nos hace a la cuestión y termina con una sentencia que otorga medidas cautelares, otorga favores a personas equivocadas”, dijo.
“Ese es el fruto de un árbol envenenado. Porque utilizan como árbol envenenado, un camino que no está permitido por la Justicia ni por la ley. Es una estafa procesal”, aseveró.
Acusan al senador Alfonso Noria
Tanto la familia Maíz como el abogado Campos acusan también al senador Alfonso Noria, ya que este, según la denuncia, se presentó como uno de los propietarios para desalojar a la familia de una parte de la propiedad. “Este senador, que era un preparador físico, que de repente se convirtió en millonario y es senador de la República”, expresó Campos.
“Ahora él, (Noria) por obra del destino, asume como senador nacional y nosotros estamos preparando también una denuncia correspondiente, a ver si el Senado hace algo para limpiar la cara de la institución”, indicó.
El abogado comentó que la familia no perdió toda la posesión de las tierras. “Ellos están resistiendo, ya que se trata de una propiedad bastante extensa, de 9.000 hectáreas aproximadamente”, explicó.
“Esta es una invasión de inmueble ajeno, pero es realizada por personas que no son campesinos. Son avivados, como este señor que termina siendo senador”, agregó.
