Los gobernantes del año 92 al 98 (en el que se promulgó la Ley 1264 General de Educación) pudieron justificar su pasividad con respecto a este mandato porque aún no se tenía la ley que concretara la disposición constitucional, pero a los 24 años de vigencia de la ley no hay ninguna excusa para desobedecer la Constitución y la ley.
Menos excusas tienen los responsables del Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) porque privan a los campesinos y la población rural de su derecho constitucional a su educación específica, al excluirla del plan y al ratificarse en el delito de violación de la Constitución y el artículo 79 de la Ley General de Educación. No transforman la educación campesina y rural, perpetúan su exclusión.
Para comprender la gravedad y consecuencias, copio el artículo 79 de la Ley. Es tanta la importancia que los legisladores le dan a la educación campesina y rural, que derrochan recursos del Estado, de las estructuras pedagógicas y de las alternativas profesionales para garantizar la calidad de la educación a los campesinos y población rural.
El artículo dice: “Las autoridades educativas nacionales, departamentales y municipales proveerán un servicio de educación campesina y rural, formal, no formal y refleja. Se buscará la educación del hombre campesino o rural y la de su familia, ayudándolo a su capacitación como agente activo del desarrollo nacional. Este servicio buscará mejorar su nivel y calidad de vida, sus condiciones humanas, ecológicas, de vivienda y trabajo. Se desarrollará la formación técnica en actividades agrícolas, pecuarias, forestales, pesqueras, industriales, agroindustriales y otras”.
Imaginemos, lo que sería ahora nuestro país, si desde hace 24 años se hubiera formado así alrededor del 40% de la población nacional, que suma la población rural. El PNTE y el MEC marginan a los campesinos, les roban sus derechos constitucionales e impiden su potencial aporte al desarrollo nacional. ¿Entienden por qué rechazamos el PNTE?
Durante el proceso de la Reforma Educativa de los años 90 al 98, a cuyo trabajo se debe la producción de la Ley General de Educación, para reforzar las exigencias del artículo 79, se propusieron estrategias que ningún gobierno ha aplicado.
Por ejemplo, se propuso que las escuelas de zonas marginadas y fronterizas fueran privilegiadas con las mejores maestras y profesores, apoyándoles con sueldos especiales y primas en el escalafón. Esta estrategia no es utópica, existe en otros países. Esta es una de otras tantas propuestas del Consejo Asesor de la Reforma Educativa cajoneadas por los sucesivos gobiernos.
El MEC regenta algunas escuelas para niños y adolescentes en zonas rurales, pero tan insuficientes y deficientes que han provocado la reacción solidaria de la Iglesia Católica en auxilio de la población rural con escuelas parroquiales y de Fe y Alegría.
Las autoridades de la educación no tienen argumentos para explicar a la población ni pueden justificar por qué perseveran en la violación de la Constitución y la ley, impidiendo al 40% de la población el ejercicio de sus derechos fundamentales en educación, truncando una fuente básica del desarrollo nacional.
Al imponer el ilegal PNTE rompen la esperanza de los ciudadanos en la reforma integral de la educación nacional.
