El aumento sostenido de motocicletas retenidas en el corralón municipal volvió a poner en el centro del debate la falta de conciencia vial y el incumplimiento de las normas básicas de tránsito en las calles de Ciudad del Este. Para tener una idea, en solo dos operativos realizados en el mes de enero más de 200 motocicletas fueron a parar al corralón municipal.
Según confirmó el director de Tránsito de la Municipalidad, Leonardo Rodas, la gran mayoría de los vehículos incautados corresponden a motocicletas que fueron retenidas durante operativos de control realizados en distintos puntos estratégicos de la ciudad.
De acuerdo con lo expresado por el funcionario, las causas de las retenciones se repiten con preocupante frecuencia y responden, en su mayoría, a la ausencia de documentación obligatoria y a la falta de elementos esenciales de seguridad. “Las infracciones más comunes que detectamos son la carencia de licencia de conducir, la falta de habilitación del vehículo y, especialmente, el no uso del casco protector”, detalló Rodas, subrayando que estas faltas representan un riesgo directo tanto para el conductor como para terceros.
Los controles, que se desarrollan de manera aleatoria y en distintos horarios, buscan desalentar prácticas peligrosas que se han vuelto habituales en la vía pública. Reconoció que en los últimos tiempos se observa una conducta cada vez más temeraria por parte de algunos motociclistas, quienes circulan sin casco, con exceso de pasajeros, sin luces reglamentarias e incluso utilizando paseos centrales y espacios peatonales como atajos, sin temor aparente a sanciones.
REMATE. Con relación a la situación legal de los vehículos retenidos, el director de Tránsito explicó que muchos propietarios aún están a tiempo de recuperar sus motocicletas. Para ello, deben regularizar su situación, presentar la documentación correspondiente y abonar las multas establecidas. No obstante, aclaró que existe un grupo de rodados que permanecen bajo custodia municipal debido a que se encuentran a disposición de la Fiscalía, en el marco de procesos judiciales en curso, lo que impide su restitución inmediata.
La permanencia de los vehículos en el corralón no es indefinida. Una ordenanza establece que el tiempo máximo es de seis meses. WF
