En el panfleto que leyó en su defensa (una colección de piruetas verbales tan rebuscadas como vacías de contenido), la senadora aseguró que por puro azar sus sobrinos (de aventajada formación académica, según sus propias palabras) terminaron siendo contratados y luego confirmados en la comisión que ella presidía, gracias a que se dio la afortunada “convergencia de preparación, confianza y oportunidad”.
Se refirió a Iván e Irene Giménez, de 25 y 19 años, bachilleres, hijos de su hermana, quienes fueron contratados sin concurso en la comisión que presidía su generosa tía, y que en teoría debe velar por los derechos de personas con discapacidad. Al año, y nuevamente sin haberse sometido a concurso alguno, fueron confirmados y pasaron a ser funcionarios permanentes del Congreso, con salarios de entre ocho y trece millones de guaraníes.
De acuerdo con los registros del propio legislativo, los brillantes sobrinos (según la objetiva valoración de la senadora) marcaron su ingreso y salida apenas por unos pocos meses. Tras su confirmación se borraron, dejando en planilla apenas la declaración de “orden de trabajo”. Cabrera alegó que todo ese tiempo los jóvenes estuvieron haciendo trabajo a distancia.
El detalle es que ambos asistían con regularidad y en horario de oficina a un estudio jurídico que por mera coincidencia pertenece al novio de la senadora, un bufete que aparece en las redes sociales promocionado por la misma Cabrera, como si, en realidad, fuera ella la propietaria. Siguiendo el argumento de su defensa, los sobrinos iban a ese lugar para hacer los trabajos de la comisión por los que los contribuyentes nos vemos obligados a pagarles más del doble de lo que recibe por vínculo un médico con hasta doce años de formación. La senadora leyó el panegírico de sus sobrinos sin contar jamás qué trabajos hicieron. No presentó un solo documento. Ni siquiera los formularios que autorizan los trabajos a distancia y que el propio presidente de la comisión negó haberlos firmado.
En el lapso que estuvieron, los afortunados parientes de la senadora se embolsaron más de 200 millones de guaraníes. Cuando una detallada investigación de ÚH y Radio Monumental reveló su caso renunciaron a sus cargos. No hay muchas vueltas que dar. Es un caso probado de nepotismo, planillerismo y tráfico de influencias. Pero la senadora no será destituida. Ella es un miembro ejemplar del liberalismo rentado y representa un voto más para el oficialismo. Además, no es sorpresa que la mayoría republicana pretenda minimizar el caso teniendo ellos mismos en su prontuario tantos otros como los de la hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana.
Sí, resulta revelador que la escasa oposición no cartista haya mantenido una posición tibia, salvo las honrosas excepciones de siempre, confirmando la sospecha de que incurren en las mismas prácticas vergonzosas que aquellos ante quienes pretenden erigirse como alternativa.
Es la prueba, como señaló tan claramente el mejor orador de la jornada, el senador Ignacio Iramain, de que nos gobiernan los imbéciles y de que, además –agrego yo– nos tratan como tales. Y lo seguirán haciendo mientras sigamos cometiendo la imbecilidad de votarlos.
