Un enfermo no tiene tiempo para esperar a que termine una discusión presupuestaria. Esa frase no es una figura retórica esta semana mientras los médicos siguen en huelga y el ministro de Economía califica de “financieramente imposible” el reajuste que reclaman, el Poder Ejecutivo debe presentar al Congreso el PGN 2027. Paraguay está a punto de repetir la misma discusión sin haberla resuelto nunca.
En una década, el presupuesto del Ministerio de Salud Pública creció 121,7% en guaraníes corrientes. Parece mucho. Pero medido contra el PIB, el esfuerzo apenas se movió: Pasó de 2,0% en 2017 a 2,5% este año, lejos del 6% que sugiere la OPS. Tampoco es solo el PIB: Esos fondos representan apenas 12,8% del Presupuesto General de la Nación cuando la OMS recomienda al menos 15%. Esa doble brecha la pagan los hogares: 4,2% del PIB sale del bolsillo de las familias, y más de la mitad del gasto total en salud del país lo cubren directamente los pacientes.
¿Es esto exclusivamente un problema de mala administración o es también una demanda sanitaria que hace tiempo superó la capacidad financiera que formalmente le asignamos al sistema?
Es más cómodo atribuirlo todo a la ineficiencia, que ciertamente existe, pero la propia deuda flotante del Ministerio con proveedores farmacéuticos –que hoy ronda una cifra cercana al presupuesto anual completo de la cartera– no es solo mala gestión, es evidencia de compromisos asumidos sin una fuente de financiamiento identificada.
El problema no se resuelve solo discutiendo cuánto pagar, sino cómo se paga. No es solo “no hay plata” ni solo “hay que gastar mejor”. Así seguimos comprometiendo gastos que el diseño fiscal no contempla y dando la misma respuesta al mismo problema cuando otros países ensayaron respuestas distintas.
Uruguay avanzó hacia el financiamiento estable dentro de su sistema nacional integrado, así como el rediseño del cargo médico haciendo menos atractivo el multiempleo. Chile definió garantías explícitas por patología, ampliándolas con la capacidad del sistema; Colombia combinó cobertura, nuevas fuentes y rediseño institucional.
Paraguay necesita esa misma conversación, con piezas concretas: una regla de financiamiento sanitario explícita, no solo una meta de PIB sin mecanismo; un catálogo de prestaciones garantizadas que ordene y qué debe cubrir el Estado al cual debe someterse el Poder Judicial; una regla fiscal que reconozca la deuda flotante cuando se genera, no cuando ya es crisis de proveedores; y un rediseño del cargo médico que mejore las condiciones y que ataque el multiempleo, en vez de discutirlo cada vez como si fuera solo un reclamo salarial de coyuntura.
No consiste en aumentar el presupuesto sin más, ni en ignorar la restricción fiscal. Consiste en decidir, con reglas, qué garantizamos y cómo lo financiamos. Mientras no lo hagamos, seguiremos discutiendo el próximo presupuesto exactamente donde dejamos el anterior.
