La Contraloría General de la República (CGR), en su Informe y Dictamen, detectó numerosas observaciones en los estados financieros de distintas instituciones públicas. Las auditorías evidenciaron deficiencias en los registros contables, falta de depuración de partidas de antigua data, diferencias entre inventarios y balances, así como problemas en la administración y custodia de bienes.
Ministerio de Trabajo
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social obtuvo un dictamen no razonable.
La CGR observó la omisión del registro contable de un depósito realizado al IPS el 15 de julio de 2025 por G. 15.774.888.083, correspondiente al aporte patronal establecido en la Ley N° 6701/20. La transferencia debió registrarse en la cuenta correspondiente del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), pero fue regularizada recién el 13 de abril de 2026.
También se detectaron deficiencias en el registro de las operaciones bancarias de la cuenta del aporte patronal del SNPP en el BNF. Las demoras oscilaron entre 8 y 273 días y afectaron la regularización de notas de crédito bancarias por G. 36.899.876.550 y notas de débito bancarias por G. 36.898.146.567.
A esto se sumó el registro extemporáneo de operaciones bancarias omitidas durante 2025 por un total de G. 16.555.225.828, que fueron regularizadas mediante asientos de ingreso y egreso emitidos entre el 13 y el 20 de abril de 2026.
En materia patrimonial, la CGR detectó que la cuenta Existencia de Bienes de Uso del SNPP mantenía un saldo de G. 1.500 millones correspondiente a bienes recibidos en 2022 que no contaban con el Formulario FC 04 para su incorporación al activo fijo.
También constató una sobrevaluación de G. 33.132.358.257 en la cuenta Bienes de Uso, producto de diferencias entre el Balance de Comprobación y el Inventario de Bienes de Uso.
Por otra parte, se constató una diferencia material de G. 22.864.113.072 entre el saldo neto contable de activos de uso institucional y los saldos analíticos del formulario de depreciación de bienes de uso.
La auditoría también constató la falta de depuración de la cuenta Obras Civiles en Ejecución del SNPP por G. 1.309.324.615, correspondiente a operaciones antiguas vinculadas con la ampliación del Centro Tecnológico de Avanzada Paraguay-Corea.
En cuanto a los equipos de transporte, la CGR constató la falta de localización física de bienes por G. 701.799.457, además de bienes rematados, vehículos en desuso y obsoletos por G. 2.907.580.657, y transportes no automotores no ubicados por G. 41.988.480.
El MTESS, el SNPP y SINAFOCAL mantenían además sobrevaluado el saldo de activos de uso institucional – Bienes Internos, debido a que no se registró la baja definitiva de bienes declarados inoperables e inutilizables por un valor total de G. 5.703.033.566.
La Contraloría igualmente señaló que no se registró el inmueble correspondiente a la sede central del MTESS, transferido por el Banco Central del Paraguay mediante escritura pública de 2011, con un valor referencial de G. 5.800 millones.
SNPP
La Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples deficiencias en el manejo, registro, custodia y utilización de los vehículos y equipos de transporte del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) dependiente del Ministerio del Trabajo. Las observaciones abarcan desde unidades que no figuran en los registros oficiales hasta vehículos robados, rematados, abandonados o convertidos en chatarra que continúan formando parte del patrimonio contable de la institución.
Uno de los principales hallazgos corresponde a la Observación N° 34, mediante la cual la auditoría constató que, al cierre del ejercicio fiscal 2025, 46 vehículos del SNPP no figuraban en los registros de la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN). Aunque la institución sostuvo que 28 de estas unidades ya estaban registradas, la CGR verificó que no aparecían a nombre del SNPP en el sistema oficial.
Además, el inventario institucional presentaba inconsistencias en la identificación de los vehículos. Las matrículas APJ 341 y APJ 358 estaban asignadas a dos unidades diferentes cada una, según la documentación analizada por los auditores.
A esto se suma la Observación N° 35, relacionada con dos camionetas Volkswagen Amarok donadas por la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) que no fueron incorporadas al listado de bienes del SNPP al 31 de diciembre de 2025. La institución argumentó que la recepción física se produjo en enero de 2026. Sin embargo, la CGR ratificó el hallazgo debido a que el acta de entrega había sido firmada el 18 de diciembre de 2025, por lo que las unidades debieron ser registradas oportunamente mediante cuentas transitorias.
Uno de los hallazgos de mayor impacto económico aparece en la Observación N° 61, correspondiente a la cuenta de equipos de transporte. La verificación física evidenció que bienes por G. 701.799.457 no pudieron ser localizados, habían sido rematados o fueron robados.
Entre estos bienes continúan registrados en el balance vehículos que fueron robados, incluso unidades sustraídas de un predio privado en Ypané, además de automotores que ya habían sido rematados por el entonces Ministerio de Justicia y Trabajo.
La auditoría también detectó otros G. 2.907.580.657 correspondientes a vehículos en desuso, convertidos en chatarra o totalmente obsoletos que permanecen registrados contablemente, pese a que ya no cumplen una función operativa y no se había concretado su baja patrimonial.
A ello se agregan G. 41.988.480 en acoplados que tampoco pudieron ser ubicados físicamente.
Incumplimiento en la identificación de vehículos oficiales
La Contraloría también encontró incumplimientos de las normas que obligan a identificar adecuadamente a los vehículos del Estado.
En la Observación N° 37, los auditores verificaron que seis vehículos no tenían número de móvil, 14 carecían de placas de identificación y cinco no contaban con el logotipo institucional.
Asimismo, siete vehículos circulaban sin la leyenda “Uso Oficial Exclusivo” y otros siete no tenían la inscripción correspondiente en el Registro de Automotores del Sector Público (RASP).
Estas situaciones representan, según la CGR, un incumplimiento del artículo 5° de la Ley N° 704/95, que establece disposiciones para la identificación de los vehículos oficiales.
La Observación N° 38 agrega que tres vehículos utilizados por el SNPP no contaban con chapa delantera y otros siete carecían de chapa trasera. Dos de estas unidades incluso se encontraban prestando servicios al momento de la verificación.
La institución presentó denuncias por extravío de algunas chapas, pero la Contraloría consideró que las gestiones fueron realizadas de manera reactiva y posteriormente a la intervención del equipo auditor.
Taller del SNPP reparaba vehículos particulares
Otra situación llamativa fue detectada en el taller institucional. Según la Observación N° 39, los auditores encontraron vehículos de particulares siendo reparados e inspeccionados en las instalaciones del SNPP.
La situación se producía mientras algunas camionetas oficiales permanecían fuera de servicio por desperfectos mecánicos y aguardaban reparaciones.
El SNPP justificó el ingreso de vehículos de terceros señalando que las actividades tenían un objetivo académico, bajo el concepto de “aprender haciendo”. Sin embargo, la CGR rechazó la explicación al señalar que no existían convenios formales ni un marco regulatorio que estableciera controles sobre el ingreso y permanencia de bienes pertenecientes a terceros.
Las deficiencias también alcanzaron los mecanismos de control del uso de los vehículos. En la Observación N° 40, la auditoría detectó órdenes de trabajo con campos fundamentales sin completar, entre ellos el kilometraje de vuelta y el kilometraje real recorrido. Esta falta de información impide verificar adecuadamente los recorridos realizados y establecer controles efectivos sobre el consumo de combustible.
Defensa, con diferencias millonarias sin respaldo
En la cuenta Edificaciones del Centro Financiero N° 1, se registró un saldo de G. 43.834.962.119. Sin embargo, la institución remitió documentos de respaldo solamente por G. 5.642.406.526, correspondientes al ejercicio. Esto generó una diferencia no documentada de G. 38.192.555.593.
La Contraloría también constató diferencias entre los saldos contables y la documentación correspondiente a obras. En el Centro Financiero N° 1 quedaron pendientes de regularización G. 1.375.291.441 en la cuenta Obras de Infraestructura y G. 16.164.334.824 en Obras Civiles en Ejecución. En el Comando Logístico se detectó además una cuenta de Obras Civiles en Ejecución por G. 10.775.096.096, también pendiente de regularización.
Asimismo, se encontraron diferencias significativas entre los saldos del Balance de Comprobación y los formularios de depreciación de bienes de uso. En el Centro Financiero N° 3 se registró un ajuste negativo de G. 5.924.420.226 y uno positivo de G. 27.167.438.349. En el Centro Financiero N° 4, correspondiente al Comando de la Fuerza Aérea, los ajustes fueron de G. 344.000 negativos y G. 13.105.128.140 positivos.
En el Centro Financiero N° 5, Comando Logístico, la diferencia produjo un ajuste negativo de G. 12.790.406.244 y uno positivo de G. 11.982.822.484.
Secretaría Nacional de Deportes
La Secretaría Nacional de Deportes presentó dictamen con salvedad. La CGR detectó partidas contables de antigua data, sin respaldo documental y pendientes de regularización al 31 de diciembre de 2025, por G. 1.427.730.693. Estas correspondían a depósitos y transferencias realizadas en concepto de canon por apuestas deportivas desde 2018.
También permanecía una partida conciliatoria correspondiente al ejercicio 2023 por G. 3.890.908, originada en un pago de haberes a un exfuncionario.
Otra partida conciliatoria, por G. 13.451.069, permanecía pendiente de regularización desde 2018 y la institución no pudo identificar su origen debido a la insuficiencia de antecedentes.
La auditoría también identificó partidas antiguas correspondientes a estudios de proyectos de inversión por G. 600 millones, registradas desde 2021, y partidas de Recursos Tributarios por G. 120.086.157, sin movimientos desde 2019 y correspondientes a operaciones del ejercicio 2018.
Además, ingresos por arrendamientos correspondientes a diciembre de 2025 por G. 179.478.942 fueron registrados recién en enero de 2026, afectando el principio de oportunidad y la confiabilidad de los saldos al cierre del ejercicio.
Secretaría de Emergencia Nacional
La Secretaría de Emergencia Nacional también obtuvo dictamen con salvedad. La cuenta Bienes de Consumo, que presentaba un saldo de G. 3.602.213.016 al 31 de diciembre de 2025, se encontraba subvaluada en G.
1.116.519.000 debido a que no se incluyeron operaciones contables correspondientes a existencias de alimentos, donaciones y combustible.
La CGR encontró además una diferencia de G. 809.666.026 entre la información inicialmente entregada sobre el inventario de bienes de consumo y la información remitida posteriormente. Según la auditoría, esto se originó en errores en los importes consignados en algunos depósitos y en la omisión de inventarios de útiles y combustible.
Asimismo, fueron incluidos indebidamente como bienes de consumo bienes de uso provenientes del depósito de Fernando de la Mora por G. 682.390.200. Entre ellos figuraban cocinas a gas, hornos microondas, aires acondicionados y desmalezadoras con código patrimonial.
INCOOP
En el Instituto Nacional de Cooperativismo se constató la no implementación de la cuenta destinada al registro de Recaudaciones a Depositar para ingresos en efectivo por G. 1.204.034.063 al 31 de diciembre de 2025. La CGR señaló que la ausencia de una dinámica contable que reflejara la percepción, registro y depósito afectó la trazabilidad y seguimiento de las operaciones.
También se detectó la exposición incorrecta de G. 3.281.082.545 correspondientes a fondos de terceros, que fueron presentados conjuntamente con fondos propios, lo que sobrevaluó los recursos de libre disponibilidad.
El INCOOP tampoco registró contablemente deudas derivadas de aportes anuales obligatorios de cooperativas por G. 264.596.156.
Además, cinco vehículos en desuso continuaban formando parte del activo fijo por G. 337.500.000, pese a que correspondía su baja.
INTN
En el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, la CGR detectó, entre otras observaciones, diferencias importantes en las cuentas contables y bancarias.
Una de las principales observaciones correspondió a una diferencia de G. 23.097 millones entre el listado de facturas pendientes de cobro y el Balance de Comprobación de Saldos y Variaciones.
También se detectó una cuenta de Recursos Tributarios con un saldo sin composición de G. 9.613.688.247, que no permitía determinar si las partidas correspondían efectivamente a obligaciones o si debían ser ajustadas o depuradas. La auditoría encontró además una diferencia de G. 6.619.057.372 entre la Planilla de Reporte de Ingresos Percibidos y la Ejecución Presupuestaria de Ingresos.
Asimismo, se observó la omisión de retenciones y aportes al IPS por G. 919.481.554 sobre pagos realizados a funcionarios y contratados menores de 50 años en concepto de remuneraciones complementarias.
INDI
En el Instituto Paraguayo del Indígena, la auditoría detectó diversas partidas sin regularización y problemas relacionados con los bienes inmuebles.
Entre las observaciones figura una cuenta de anticipos vinculada al proyecto de regularización de tierras indígenas por G. 580.600.000, además de saldos antiguos de Detrimento de Fondos por G. 3.131 millones y Detrimento de Bienes por G. 723. 914.436.
La principal observación correspondió a la cuenta activos de uso privado, que mantenía saldos no regularizados por aproximadamente G. 255.128 millones. La CGR señaló que no pudo precisar la totalidad de los inmuebles que componían ese saldo ni verificar que contaran con la documentación y títulos de propiedad correspondientes.
SENACSA
En el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal se detectaron notas de crédito bancarias no registradas por G. 39,6 millones y notas de débito por G. 50.736.498 que tampoco fueron contabilizadas al cierre del ejercicio.
También se encontró una diferencia de aproximadamente G. 361.258.861 entre los saldos del activo permanente y los formularios de depreciación.
