El 5 de setiembre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Si algo tiene mérito y genera admiración, es la resistencia de los grupos sociales desde un lugar desfavorecido, lejos de ventajas y privilegios. La efectiva falta de voluntad política y de políticas públicas efectivas se conjugan para que gran parte de la población paraguaya permanezca en esta situación de desventaja. Las mujeres indígenas se encuentran entre los grupos con mayores obstáculos para el reconocimiento y el respeto de sus derechos. A pesar de ello, en Paraguay –y en numerosos países– persisten las organizaciones y asociaciones de mujeres indígenas buscando revertir esta situación.
El origen mismo de la mencionada fecha –instituida en 1983– rinde homenaje a la valentía de la lideresa Bartolina Sisa, del pueblo Aymara, quien comandó a grupos indígenas que se rebelaron contra la opresión colonial española y fue asesinada en 1782 en Bolivia.
Desde hace siglos, las mujeres indígenas enfrentan múltiples tipos de violencias y discriminación. Las brechas de desigualdad atentan contra su autonomía y otros derechos. En Paraguay, el IV Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas 2022 evidencia esta desigualdad. En el ámbito de la salud, el acceso a seguro médico llega a apenas al 19% de la población indígena total y en el caso de las mujeres indígenas solamente al 18%. En algunos pueblos como los Mbya Guaraní, Ava Guaraní, Aché, Maká y Angaité los porcentajes incluso son menores al 4%.
La brecha de género refleja la vulnerabilidad particular de las mujeres indígenas, cuya baja inserción laboral formal limita su acceso a cobertura médica.
El Censo también constata que la tasa de alfabetización es menor en mujeres indígenas, en la franja etaria de las mayores de 60 años solamente el 43,7% sabe leer y escribir. El analfabetismo de las mujeres indígenas –sumado al exceso del trabajo de cuidados y del hogar– incide negativamente en su inserción en el mercado laboral, donde llega a apenas el 26,7%, prioritariamente con el empleo doméstico.
En suma, las mujeres indígenas padecen una carga de vulnerabilidad, condicionadas por el sexo y la pertenencia étnica, que requiere de políticas públicas integrales, diferenciadas e interseccionales. Hasta ahora, salvo rarísimas excepciones, el Estado paraguayo no solo ha obviado esta situación, sino que la ha agravado, avalando o ejecutando directamente desalojos y atropellos a comunidades indígenas, empeorando ostensiblemente la situación de mujeres, niñas y niños.
El marco normativo nacional es claro. La Constitución Nacional, así como el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, incorporados a la legislación paraguaya, respaldan sus derechos. Sin embargo, entre el papel y la realidad persiste un abismo.
En este escenario, lejos de ocupar un rol pasivo, las mujeres indígenas lideran la defensa de sus territorios, identidades, conocimientos ancestrales y el medio ambiente. Frente al despojo territorial y de recursos naturales que afecta a las comunidades indígenas –y no indígenas– en ambas regiones del país, numerosas organizaciones comunitarias y regionales de mujeres se constituyen en baluartes de la resistencia y del derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano.
