Paraguay está discutiendo, por primera vez en décadas, las reglas de su sector más estratégico. En agosto, tras la primera Mesa Nacional del Sector Eléctrico, el Gobierno presentó proyectos para crear un Ministerio de Minas y Energía y un ente regulador independiente. Días después, un senador opositor propuso ir más lejos y dividir la ANDE en seis empresas. Mientras tanto, los técnicos del sector advierten que la generación disponible alcanza solo hasta 2028 o 2030, que la demanda crece a más de 8% anual desde hace cinco años y que cualquier central nueva de gran porte tardaría más de una década en construirse. El país de Itaipú y Yacyretá, el que se pensó rico en energía durante medio siglo, empezó a hablar de escasez. Algo impensable para quienes crecimos con la idea de Paraguay como un país de abundancia energética.
Lo llamativo del debate actual es que el diagnóstico ya casi no se discute. Nadie defiende el marco vigente, que data de 1964 y concentra en la ANDE la política energética, la planificación, las tarifas y la operación. Lo que no existe es la coalición para cambiarlo. El tratamiento del proyecto se postergó en Diputados ante la amenaza de movilización del sindicato de la ANDE, que lee en la reforma una privatización encubierta. Los industriales piden previsibilidad y celeridad. Los técnicos históricos del sector piden lo contrario, resolver primero las urgencias operativas antes que dibujar organigramas nuevos. Y el caso Atome, la inversión de USD 665 millones respaldada por la banca multilateral de desarrollo, sigue esperando una tarifa definitiva mientras los decretos se dictan y se derogan.
Aquí es donde el análisis político tiene algo que decir. Las reformas institucionales que funcionaron en Paraguay no nacieron de buenos diagnósticos, que siempre abundaron, sino de una combinación precisa de condiciones. En 2003 el país venía de un default selectivo, de una crisis bancaria, de estancamiento económico y de un empobrecimiento masivo que alcanzó a más de la mitad de la población. Esa crisis, sentida por todos, hizo posible el paquete de reformas fiscales y financieras que sostuvo dos décadas de estabilidad. Hubo urgencia compartida, y un gobierno y fuerzas políticas dispuestas a generar un consenso político y técnico sobre las reformas que el país necesitaba. Hoy, sobre la crisis energética, tenemos la visión técnica compartida, pero muy poco de lo demás. Las tarifas siguen siendo las más bajas de la región, los apagones masivos todavía no llegaron, y el calendario electoral, con municipales en octubre, internas partidarias en 2027 y generales en 2028, invita a darle un patadón al problema para adelante. El tema es que los límites de la cancha se terminan.
Hay un peligro adicional en todo esto. Crear un ministerio es la parte fácil. Lo difícil es que las instituciones nuevas nazcan con cuerpos técnicos estables, protegidos de la lógica de patronazgo, el clientelismo y la debilidad institucional que (aún con excepciones) históricamente han caracterizado al Estado paraguayo. Un regulador capturado sería peor que ninguno, porque sumaría burocracia y arbitrariedad sin sumar previsibilidad.
El contexto internacional vuelve todo más urgente. La guerra contra Irán volatilizó el precio del petróleo y recordó una lección vieja, que la energía es geopolítica antes que ingeniería. China la aprendió hace años, cuando decidió depender menos del petróleo de las zonas de conflicto donde Estados Unidos suele librar sus guerras, y construyó la industria solar, de baterías y de vehículos eléctricos más grande del mundo. Hoy el planeta paga precios extraordinarios por lo que Paraguay ya tiene, electricidad limpia y renovable. Nosotros, en cambio, ni siquiera estamos cultivando la relación estratégica con Brasil, nuestro socio clave en la materia. El Anexo C de Itaipú sigue sin negociarse, la tarifa más allá de 2026 sigue indefinida y la interconexión con el mayor mercado eléctrico de la región aparece apenas como una idea en los foros técnicos.
La energía es hoy un problema de economía política. Una carrera entre dos relojes, el de la demanda que crece sin pausa y el de una política que se mueve al ritmo de las elecciones y de los enfrentamientos sectarios y corporativos. La pregunta que definirá la próxima década es si seremos capaces de hacer las reformas necesarias antes de que las mismas vengan impuestas por una crisis de envergadura.
- “El país de Itaipú y Yacyretá, el que se pensó rico en energía durante medio siglo, empezó a hablar de escasez”.
