Mediante el decreto 8759/2023, el Poder Ejecutivo apunta hacia la racionalidad, la eficiencia del gasto público y la rendición de cuentas, durante el ejercicio fiscal 2023.
Entre otras cosas, se señalan las restricciones a los nombramientos y aumentos salariales, salvo los que resulten de la aplicación de los concursos públicos. Por otro lado, se mantiene la prohibición de entrega de cupos de combustibles a autoridades del Estado, salvo los utilizados para el ejercicio de sus funciones.
Por otro lado, se establece la prohibición de compra de alimentos, con excepción de aquellos destinados a servicios de salud, obreros de las empresas públicas y beneficiarios de programas sociales.
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En lo que respecta a los aumentos en el plan de gastos del país para el 2023, que están destinados a la creación de cargos e incrementos salariales, el Ejecutivo busca reducir el impacto, con la presente reglamentación.
Para el efecto, se establece que las modificaciones en el Anexo del Personal, realizadas por Congreso Nacional, se establece la aplicación gradual, una vez concluidos los procesos de selección para el ingreso y promoción de los funcionarios. Esto será coordinado con cada una de las instituciones.
En la reglamentación también se establecen mayores controles para las creaciones de Estructuras Orgánicas en los OEE; como también se pone en marcha la implementación de programas pilotos del Sistema de Directivos Públicos y de clasificación y valoración de puestos, informó el Ministerio de Hacienda.
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Entre el PNG que fue sancionado en el Congreso y lo que había planteado el Ejecutivo, existe una diferencia de unos USD 30 millones. De este monto, USD 20 a 25 millones están financiados con ingresos tributarios, lo que impactará en las recaudaciones del fisco.
El Congreso sancionó un aumento de G. 351.000 millones en el gasto salarial, lo que financiará la creación de casi 2.900 cargos, así como reajustes para funcionarios del Congreso, Registro Civil, UNA, Defensa Pública, Mades y Ministerio de Salud, entre otros.
Los aumentos salariales y la creación de cargos en la función pública se dieron en tiempo electoral por parte de los parlamentarios, estableciendo gastos que el Estado no puede asumir.
