Desde el Ministerio de Hacienda se ve con mucha preocupación la normativa que fue sancionada este miércoles por el Congreso Nacional, que establece un subsidio de hasta USD 10 millones a los comerciantes de la frontera con Argentina.
La viceministra de Economía, Carmen Marín, consideró que la ley es inaplicable ya que incluye dos componentes que no permiten una correcta implementación. Además, aclaró que se trata de una normativa impulsada por los legisladores.
“Primero se habla de un subsidio para comerciantes en general y no existe ningún apartado que focalice a los beneficiarios en cuanto a su nivel de facturación. El otro punto es el mecanismo de pago, donde dice que Hacienda va a coordinar con las Gobernaciones y Municipios, pero no permite un periodo de registro para que cada persona pueda entrar y registrarse bajo declaración jurada”, explicó la secretaria de Estado.
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Marín señaló que ambos aspectos no permiten una correcta verificación y aplicación de la normativa, por lo que preocupa el uso de los recursos que se quieren destinar.
“La ley dice hasta USD 10 millones, pero este proyecto puede costar USD 50 o 60 millones y por el costo es que debemos evaluar a los posibles beneficiarios”, agregó.
Ante la preocupación por la inaplicabilidad de la legislación, la viceministra anunció que se trabajará en un proyecto alternativo, que incluya los aspectos cuestionados y que será consensuado con los comerciantes afectados.
La Cámara de Diputados sancionó este miércoles un subsidio de hasta USD 10 millones para comerciantes de la frontera con Argentina, que se vieron afectados económicamente por las medidas sanitarias implementadas ante la pandemia Covid-19. La legislación debe ser promulgada o vetada por el Ejecutivo.
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Con la herramienta, se pretende otorgar un subsidio de G. 3 millones por tres meses, para comerciantes en general, personas jurídicas o físicas, debidamente identificados con la presentación del registro único del contribuyente (RUC) y patente comercial. Quedan excluidas las personas que hayan sido beneficiados con los pagos del programa Pytyvõ.
La normativa otorga subsidios excepcionales directos a trabajadores cuentapropistas en situación de informalidad, comerciantes y afines, ubicados en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez (Itá Corá), Villa Oliva, Villa Franca, Natalio (Puerto Triunfo), Mayor Otaño y San Rafael del Paraná.
Todas estas ciudades se ven afectadas principalmente por el cierre de la frontera estipulado por el Gobierno argentino para evitar la propagación del Covid-19.
