Este domingo Paraguay elegirá 263 intendentes. Además, de los cargos están en juego presupuestos que, en el 2025, superaron los 7,34 billones. No es dinero de libre disposición, por supuesto, pero sí una medida del poder territorial que administrarán los vencedores. La contienda parte de una cancha inclinada. Los municipios hoy administrados por la intendentes pertenecientes a la Asociación Nacional Republicana concentran alrededor de 5,23 billones de ese monto frente a 2,11 billones en manos no coloradas. Aproximadamente 71% contra 29%. A eso se suma una red departamental todavía más desigual, dado que 15 de las 17 gobernaciones están en manos de la ANR, cuyos recursos asignados suman en conjunto otros 3 billones. Presupuesto, funcionarios, presencia territorial y capacidad de organización no se convierten automáticamente en votos, pero tampoco son políticamente neutrales cuando se concentran de manera tan desigual.
Hay más. En el año 2025, los presupuestos municipales incluyeron 1,26 billones de transferencias de provenientes de la Administración Central. Al cruzar esos desembolsos con los presupuestos comunales, en 121 de los 247 municipios, lo transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas equivalió al 40% o más de su presupuesto municipal vigente. Casi la mitad.
Esto revela que muchos municipios poseen mucha menos autonomía fiscal de la que sugiere la palabra “municipalidad”. Algo políticamente relevante. Cuando el mismo partido controla el Poder Ejecutivo, 15 gobernaciones y 71% de los presupuestos municipales, la competencia es inevitablemente asimétrica.
La paradoja es que semejante estructura política administra recursos escasos frente a las expectativas ciudadanas. Los presupuestos municipales apenas rondan el 2% del producto interno bruto. Además, la fuente de ingresos que debería darles mayor autonomía tampoco funciona como debería. El impuesto inmobiliario es, en teoría, el tributo local por excelencia. En la práctica, Paraguay arrastra catastros incompletos, valores fiscales rezagados y limitada capacidad de cobro. Como resultado hay ciudades con necesidades crecientes y una base fiscal que no crece al mismo ritmo.
Asunción tampoco escapa a esa restricción. Su presupuesto de 2026 ronda los 2 billones y es, por enorme distancia, el mayor del país. Aun así, su escala fiscal es modesta frente a varias capitales de la región, aunque las competencias municipales no sean idénticas. El problema es que a la escasez se le agregó algo peor: mala administración.
Entre 2020 y 2023 la Municipalidad emitió 855.000 millones en bonos. Es casi 68% de todo lo emitido desde 1997. Es decir, en cuatro años colocó más del doble de lo que había emitido durante los 23 años anteriores. Parte de ese dinero debía financiar obras que no se hicieron o quedaron inconclusas, mientras la ciudad arrastra vencimientos que condicionarán a la próxima administración.
La deuda pondrá en aprietos a cualquiera que asuma. Eso no convierte, sin embargo, la mala gestión en destino inevitable. Hay margen para recaudar mejor, ordenar el gasto, priorizar inversiones, profesionalizar la administración y recuperar algo tan básico como la capacidad de ejecutar.
Las expectativas de los ciudadanos siempre serán mayores que los recursos municipales. Por eso importa todavía más quién los administra. Este domingo no se elige abundancia; se elige qué hacer con la escasez. Y en Asunción, después de lo ocurrido, mejorar la ciudad exige también tomar una decisión de no premiar a los mismos ni entregarles la sucesión a quienes representan continuidad de esa administración.
