La Cámara de Diputados es el escenario de una una “guerra de carteles” en plena sesión extraordinaria. El denominador común es el juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por la crisis que desató la firma del acuerdo secreto sobre Itaipú.
“Yo apoyo a Marito”, expresa la calcomanía pegada por los legisladores del oficialismo en sus respectivos curules.
La semana pasada, desde la oposición iniciaron una campaña con carteles para exigir el juicio político a las principales cabezas del Ejecutivo. Los diputados también ubicaron los escritos en sus bancas.
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Actualmente, hay un pedido de iniciar el proceso de juicio político en la Cámara Baja, que fue presentado por la oposición contra Abdo Benítez y Hugo Velázquez. Sin embargo, dicha solicitud está congelada en la sede legislativa.
Los parlamentarios colorados se unieron para evitar una posible destitución y que la Presidencia de la República quede a cargo del liberal Blas Llano, que, como presidente del Congreso, está en la línea de sucesión presidencial.
Estas pegatinas de los legisladores de la ANR coinciden con la movilización de los simpatizantes del Partido Colorado, que este viernes coparon la Plaza de la Democracia en apoyo a Mario Abdo.
Entre los legisladores que manifestaron su apoyo al jefe de Estado está Miguel Cuevas, ex titular de Diputados, que está imputado por enriquecimiento ilícito. Otro de los parlamentarios a favor del presidente es Ulises Quintana, que también está con un proceso judicial.
Juicio político
El juicio político al presidente Mario Abdo y al vice Hugo Velázquez se incluyó en la agenda política y social a causa de un acta bilateral secreta que fue firmada entre Brasil y Paraguay en mayo, pero que recién se dio a conocer en julio pasado.
El escándalo del acta bilateral derivó en la salida de las principales autoridades implicadas y fue motivo de una denuncia que actualmente es investigada por la Fiscalía.
Técnicos refieren que el acuerdo perjudicaba gravemente al Paraguay y representaba un sobrecosto de USD 250 millones para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Debido a la crisis, el polémico acuerdo, finalmente, fue dejado sin efecto y la discusión volverá al ámbito técnico, pero los expertos del sector energético consideran que se dio un paso en falso de cara a las negociaciones que deben realizarse en 2023 sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú.
